La IGAE explica que la Confederación ha desarrollado en los últimos ejercicios un inventario a través de la empresa Tragsatec, y si bien no se pronuncia sobre la metodología seguida para fijar las valoraciones de ciertas infraestructuras, recuerda que esta lista tiene que recoger la información sobre la titularidad de dichos bienes.

En este punto, se subraya la necesidad de conciliar la información relativa a los bienes adscritos con la Dirección General de Patrimonio e invita a revisar la situación de los inmuebles ocupados sin constar título en vigor y, en algunos casos, sin contraprestación económica.

Este es uno de los extremos argumentados para no emitir pronunciamiento sobre estas cuentas -que arrojan un resultado presupuestario negativo por valor de 33,5 millones de euros-.

Añade el texto que se deberían realizar las actuaciones en los registros públicos correspondientes e inscripciones catastrales de los bienes y derechos expropiados y su adecuada inclusión en inventario. Se subraya la necesidad de conciliar la información relativa a los bienes adscritos con la Dirección General de Patrimonio del Estado.

Asimismo, se debe revisar la situación de los inmuebles ocupados sin constar título en vigor y, en algunos casos, sin contraprestación económica.

"Se han detectado sendos convenios firmados con administraciones públicas territoriales por los que la CHT realizó y entregó obras de forma gratuita a las mismas y que aún figuran en la contabilidad por un importe neto de 40 millones de euros", agregan.

Se trata de los proyectos de saneamiento y depuración de la comarca de La Vera y Abastecimiento de la Mancomunidad del Guadiela. Este extremo es "una grave debilidad de control interno de la CHT", que limita mucho el alcance del trabajo.

MÁS IRREGULARIDADES

Como otras irregularidades que impiden a la IGAE avalar estas cuentas, se esgrime que el importe total de la recaudación por el canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía ascendió a 60,8 millones de euros, y a la CHT le correspondería un 2% como recurso propio, debiéndose ingresar el 98% restante, unos 59,6 millones, al Tesoro. El 31 de diciembre aún quedaban 99.000 euros por ingresar.

"A día de hoy, la CHT no dispone de la información suficiente y adecuada que deberían haber facilitados los distintos obligados para comprobar la correcta determinación del canon autoliquidado por los concesionarios, pese a que el organismo ha realizado acciones tendentes a ello", agregan.

La CHT además realizó en 2015 estimaciones para el cálculo de la provisión a largo plazo para responsabilidades por 8,3 millones de euros, misma cifra que en 2014, pero no se han aportado los mencionados cálculos o metodología aplicada para su validación en el transcurso de esta auditoría.

"Considerando estas circunstancias, ha sido imposible aplicar los procedimientos de auditoría previstos ni otras alternativas para obtener evidencia adecuada y suficiente de la valoración de la mencionada provisión a largo plazo, lo que constituye de nuevo una limitación al alcance del trabajo de los auditores", explica el informe.

RECOMENDACIONES

Los auditores instan al organismo a agilizar en la medida de lo posible algunas devoluciones de ingresos indebidos, ya que generan intereses de demora y suponen un gasto adicional para el presupuesto sin ningún tipo de contrapestación.

Estos resultados, de persistir en el tiempo "sin duda ponen en peligro la presunción que fija el principio de gestión continuada".

Llama la atención el informe sobre que queda vacante una plaza de Jefe de Servicio de Gestión Económica y Contabilidad desde hace diez meses, y esta situación podría constituir una debilidad en el sistema de control interno del organismo.

Recomienda adaptar el presupuesto en los casos observado en los que muchos gastos relativos al inmovilizado se realizan con cargo al capítulo presupuestario de inversiones, que por su naturaleza serían gasto corriente, por lo que la Confederación tendría que adaptar su presupuesto. Se observa además que indebidamente no se periodifican gastos como seguros o electricidad.

Advierte igualmente el texto que la recuperación del primer tramo de recuperación de la paga extra es un gasto de 2014, pero fue imputado como gasto en 2015 cuando ya se había pagado, por lo que habría que ajustar 213.000 euros. El mismo extremo ocurre con la recuperación del tercer tramo de la paga extra de los empleados públicos, que debería haber sido devengado en el ejercicio de 2015 y se imputa como gasto a 2016, debiendo ajustar otros 437.000 euros.