Tras pedir el fiscal el archivo del caso, la jueza concluye en un auto que no se da un delito de malversación de caudales, aun cuando se esté hablando de dinero público al tratarse "de deudas vencidas, líquidas y exigibles, cuya titularidad es pública, de la Junta de Andalucía, y cuyo cobro estaría atribuido competencialmente al Patronato" provincial.

Pero, la magistrada explica en la resolución dictada, a la que ha tenido acceso Europa Press, que en este caso "no consisten los hechos que fueron denunciados en un apoderamiento de dinero público, sino en su caso de conductas omisivas en la cobranza de créditos públicos, pero en las que no existe un lucro o beneficio para sí mismo ni para un tercero".

Tampoco estima un delito de prevaricación, en lo que se refiere a "la denunciada ausencia de instrucciones de servicios en orden a la ejecución correcta de la recaudación de los créditos", que tendrían eficacia "meramente interna y sin trascendencia para los administrados". Sobre las propuestas de deudores fallidos, concluye que "no son actos administrativos en sentido estricto", al no poner fin a un procedimiento; y respecto a nombramientos, apunta que las responsabilidades "estarían prescritas", según el fiscal.

Por todo esto, la instructora no ve responsabilidad penal en las cinco personas que, según las fuentes consultadas, declararon como investigadas en esta causa; aunque sí apunta que hay "indicios de la existencia de un perjuicio para la administración pública derivado de la inadecuada recaudación de créditos líquidos, vencidos y exigibles".

En este sentido, señala que debe deducirse testimonio dirigido al Ministerio de Administración Pública respecto de la actuación de la responsable de la Tesorería del Patronato, así como a la Diputación respecto del gerente y del jefe de zona recaudatoria Junta, por si corresponde abrirles expedientes disciplinarios. Desde la institución provincial han indicado que estudiarán el auto y analizarán el contenido.

La magistrada también acuerda librar testimonio de parte de la causa a la Cámara de Cuentas de Andalucía para la fiscalización externa.