El expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, ha calificado de "regalo" la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que ha condenado a España, y ha reconocido que éste y los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, vieron vulnerado su derecho a un juicio equitativo cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2008 por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003. "No hemos sido desobedientes, hemos sido objeto de una manipulación y un atropello brutal", ha asegurado.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la sede del PNV de Bilbao tras conocer la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Atutxa ha señalado que los tres procesados han sufrido "una larga injusticia" y se ha cometido con ellos "una tropelía".

En este sentido, ha asegurado que el "trasfondo" que había en toda esta causa era pretender "hacer arrodillarse a una institución, el Parlamento vasco, nacida de la voluntad de un pueblo". "Si hoy fuese 2003, el que les habla haría lo mismo. Ni en 2003 ni en años sucesivos, quien les habla, ni mis compañeros Gorka Knörr y Kontxi Bilbao hemos sido desobedientes. Hemos sido objeto de una manipulación y un atropello brutal", ha indicado.

A su juicio, la sentencia supone del Tribunal de Estrasburgo es "una enorme satisfacción" y ha señalado que él ya dijo: "No moriré hasta que el TEDH dicte sentencia. Hoy la ha dictado y, a partir de este momento, tampoco tengo prisa y pido prórroga", ha señalado con humor.

El expresidente de la Cámara vasca ha afirmado que durante esta mañana ha mantenido "larga conversación" con Kontxi Bilbao y Gorka Knörr. "Para nosotros es un día de enorme satisfacción porque la verdad se ha impuesto, y la dignidad institucional de aquel Parlamento que tuve el honor de presidir en aquellas épocas, no se ha dejado pisotear", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que "la dignidad personal" de quienes compartían Mesa en el legislativo vasco "tampoco se ha dejado vilipendiar ni pisotear". "Hemos sido objeto de una larga injusticia. Catorce años han transcurrido desde el inicio de aquella andadura. Tengo constatación fidedigna de las tropelías que se montaban en el TSJPJ desde el momento en el que la juez Nekane Bolado ordenara el archivo de la causa después de haber comparecido a lo largo de diez horas los tres miembros de la Mesa ante la magistrada", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que, tras el auto de archivo de Bolado, la Fiscalía y "el mal llamado sindicato Manos Limpias" recurrieron. Ante ello, se creó la Sala de Discordia por orden del entonces presidente del TSJPV, Manuel María Zorrilla, para dilucidar si se archivaba el caso o de abría juicio oral.

"Zorrilla fue desautorizado por un órgano de Gobierno, no jurisdiccional, como el CGPJ", ha añadido, para apuntar que éste anuló la composición de la Sala y ordenó constituir una nueva.

Posteriormente, los tres encausados se sentaron en el banquillo de los acusados y resultaron absueltos en aplicación de la prerrogativa de inviolabilidad parlamentaria. El Tribunal Supremo devolvió el caso al TSJPV, de nuevo, para que entrase al fondo del asunto, y éste volvió a absolver a los acusados.

Juan María Atutxa ha destacado que, entonces, el TS, "sin dar audiencia" a los procesados a defender su inocencia, como establece el artículo 6.1 del Convenio europeo de Derechos Humanos, les condenó en abril de 2008.

ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL

Atutxa ha recordado que, en un principio, la Fiscalía decidió denunciarles en 2003 por desobediencia, pese a que el entonces Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, había realizado un informe con anterioridad, en 2012, en el que afirmaba que "los grupos municipales y de Juntas Generales eran cuestiones diferentes a formaciones políticas y, por lo tanto, los escaños correspondían a las personas, no a los partidos", en este caso de los ilegalizados, como eran Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok.

Por ello, ha afirmado que se encontró un día con Cardenal en Bilbao y le dijo que había cometido con él "una inmoralidad". "Le dije más cosas, pero la entrada fue ésta. Usted dio, no solo el triple salto mortal, sino el triple salto moral", le trasladó.

Asimismo, ha subrayado que, cuando Cándido Conde Pumpido relevó a Jesús cardenal al frente de la Fiscalía General, el ministerio público se apartó del caso. "Entendía que la Fiscalía no podía ser parte querellante", ha manifestado.

El expresidente del Parlamento y actual presidente de la Fundación Sabino Arana ha indicado que, por aquel entonces, "en el corrillo del TSJPV se escuchaban cosas que, de haber tenido constancia documental de ello, eran gravísimas". "En el trasfondo no había otra razón que hacer arrodillar al Parlamento vasco", ha insistido, para recordar que él "jamás de los jamases lo habría admitido".

Además, ha dicho que la sentencia de Estrasburgo es "contundente" al condenar a España y considerar que se vulneró el derecho de los procesados a un juicio equitativo cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo por desobediencia.

No obstante, ha recordado que, aunque "casi cause risa", el Tribunal europeo le ha impuesto a España el pago de un euro a cada uno de los tres encausados. "No tiene ninguna importancia", ha asegurado.

De esta forma, ha explicado que no esperan recuperar las cantidades que, en su momento, tuvieron que pagar, de 18.000 euros por su parte y de 12.000 por parte de Bilbao y Knörr. "No es eso lo que buscábamos. Buscábamos la reparación de la dignidad institucional y personal. Es evidente que esa reparación, como tal hecho material, no puede producirse, pero la sentencia de hoy, sin duda, supone una enorme satisfacción", ha insistido.

RECURSO A EUROPA

Tras la condena del Tribunal Supremo, y habiéndola confirmado el Tribunal Constitucional, los tres miembros de la Mesa del Parlamento vasco recurrieron al Tribunal de Estrasburgo al dar por agotada la vía judicial española.

Fue en abril de 2008, cuando el Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo condenó a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao a sendas penas de inhabilitación para ocupar un cargo público, así como a multas de entre 12.000 y 18.000 euros, al considerarles culpables de la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo SA tras la ilegalización de Batasuna.

En 2004, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) absolvió a Atutxa, Knorr y Bilbao, por entender que gozaban de inviolabilidad parlamentaria, pero Manos Limpias recurrió al Supremo y se devolvió la causa al tribunal vasco para que dictara sentencia sobre el fondo del asunto.

El TSJPV volvió a absolverles al señalar que no había existido el delito de desobediencia, sino que los acusados no habían encontrado fórmula reglamentaria para disolver Sozialista Abertzaleak. Manos Limpias recurrió al Tribunal Supremo.