"No caben excusas por parte de Gobierno regional ni de los grupos políticos, aquí no hablamos de presupuestos", ha dicho en rueda de prensa el líder regional de CCOO que, acompañado de la secretaria regional de Mujer e Igualdad del sindicato, Rosario Martínez,

ha pedido reunirse con la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, para que les dé cuenta de ese proyecto de ley.

De la Rosa, que ha comenzado su intervención condenando la última muerte por violencia de género, la de una mujer de 51 años en Las Gabias (Granada), ha incidido en la necesidad de modificar la norma para que todas las personas fallecidas por este tipo de violencia sean consideradas víctimas, pues ha lamentado que aunque en lo que va de año un total de 36 personas han pedido la vida por violencia machista los datos oficiales solo hablen de 28.

Y es que ha incidido en la necesidad de abordar este fenómeno de forma multidisciplinar, pues, a su entender, es necesario acometer mejoras en el ámbito laboral y económico, en el policial y jurídico, así como en el modelo educativo sanitario, a fin de "dar tratamiento integral a las víctimas de violencia que no son asesinadas hoy pero viven un calvario silenciado por la propia sociedad".

"Queremos hablar con todos los que se presten para abordar este tema con rigurosidad. La urgencia es evitar que vuelvan a asesinar a alguien más, que haya un cambio cultura y la igualdad se instale entre nosotros", ha concluido De la Rosa.

AGENDA DEL GOBIERNO CENTRAL Y AUTONÓMICO

De su lado, la responsable de Mujer e Igualdad del sindicato, que ha alertado de que en lo que va de año en Castilla-La Mancha se han alcanzado las mismas cifras de fallecidas que en los últimos cuatro anteriores, ha afirmado que detrás de las cifras "hay mujeres y menores que necesitan una actuación urgente" por lo que ha pedido que este asunto esté en las agenda de los gobiernos central y autonómico.

Luego de reiterar la necesidad de hilvanar un pacto de estado sobre violencia de género, ha pedido, al igual que De la Rosa, que todos los fallecidos por este tipo de violencia sean considerados víctimas, pues la legislación actual excluye a todos los que no sean parejas o exparejas.

Dicho esto, se ha referido al último caso acaecido en la región, el de Caudete, donde Ana Gilda L.B. falleció cuando "trataba de poner fin a una situación de violencia machista en su entorno familiar", pero, ha condenado, "no forma parte de la estadística oficial".

Es por ello que ha insistido en reclamar un tratamiento integral contra la violencia de género, más transversal y con más dotación presupuestaria, dado que las actuales normativas -tanto la estatal que data de 2004 como la regional, de 2001- han sido incapaces de frenar la sangría.