La investigación del FBI sobre el tiroteo en Bagdad sigue en marcha, pero los descubrimientos, que indican que los empleados de la compañía violaron normas del uso de la fuerza por parte de guardias de seguridad privados en Irak, ya están siendo examinados por el Departamento de Justicia, afirmó el periódico.
El diario cita a responsables civiles y militares no identificados informados sobre el caso.
Los fiscales aún tienen que decidir si piden algún procesamiento, y algunos responsables ya se han declarado pesimistas sobre la existencia de leyes penales adecuadas que les permitan acusar a ningún empleado de Blackwater de una transgresión penal, dijo el Times.
La compañía con sede en Carolina del Norte protege a diplomáticos estadounidenses y otros responsables del Departamento de Estado en Irak.
Los portavoces del Departamento de Justicia y del FBI no quisieron hablar sobre la cuestión, dijo el periódico.
El caso podría ser una de los primeros temas espinosos en ser decididos por Michael Mukasey, que juró como fiscal general la semana pasada.
Mukasey podría enfrentarse a una decisión de rechazar un procesamiento por motivos legales en un momento en el que hay una indignación en el Congreso por la incapacidad del Gobierno de hacer responsables de su conducta a los guardias de seguridad privados, dijo el Times.
Los investigadores han concluído que hasta cinco de los guardias de la compañía abrieron fuego durante el tiroteo.
No encontraron pruebas que respaldaran las afirmaciones de trabajadores de Blackwater de que fueron disparados por civiles iraquíes. Esta conclusión contradice drásticamente las declaraciones iniciales de responsables de la compañía, que dijeron que sus empleados dispararon en defensa propia.
De los 17 muertos, tres podrían haberse justificado por las normas que permiten utilizar la fuerza letal en respuesta a una amenaza inminente, según los agentes del FBI, dijo el Times.
Otra revisión militar de los disparos concluyó que todos fueron injustificados y potencialmente criminales.
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