Fiscal ha recordado que la posible contaminación de los citados suelos "es un asunto que compete al Ayuntamiento de la ciudad", como autoridad para la declaración de suelos contaminados, además de como "propietaria de los terrenos".

Así se ha pronunciado tras una pregunta de la diputada de Podemos Carmen Molina en el Parlamento andaluz sobre el estado de los terrenos de Repsol, ubicados entre dos de los distritos más densamente poblados de Málaga, como son Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, y, en concreto, sobre si la Consejería tiene constancia de que el Ayuntamiento haya iniciado alguno de los trámites que le impone el Real Decreto 9/2005 y el reglamento que regule el régimen aplicable a los suelos contaminados.

El consejero ha relatado que el 22 de febrero del pasado año la Consejería de Medio Ambiente comunicó al Consistorio que en virtud de lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y el artículo 5 del reglamento de suelos contaminados "la declaración y delimitación de suelo contaminado, cuando esté dentro de términos municipales es competencia local".

Por otro lado, con respeto a la obligación como dueño del suelo, Fiscal ha apuntado que otro artículo del citado reglamento "establece que los propietarios de los terrenos que han soportado actividades potencialmente contaminadoras del suelo deberán presentar ante la delegación territorial competente un informe histórico de situación de forma previa a la solicitud de cualquier licencia o cualquier otro instrumento previo al inicio de actividad.

Ha confirmado, al respecto, que no ha sido recibido el informe de situación y ha añadido que el Ayuntamiento "está obligado a presentar la documentación pertinente antes del inicio de cualquier actividad en estos terrenos".

Es más, ha dejado claro que desde el Gobierno andaluz "velaremos para que así sea y para que se cumplan todos los requisitos marcados en la legislación" para cualquier uso definitivo del suelo.

Por otro lado, ha añadido que, en función de los usos previstos, el Ayuntamiento deberá proceder de oficio al inicio del correspondiente procedimiento de declaración de suelo contaminado y, en su caso, a la aprobación del proyecto de descontaminación y posterior desclasificación.

"No sería declaración previa de suelo contaminado si el Ayuntamiento optara por la vía de recuperación voluntaria de los suelos", ha aclarado, pero, no obstante, "estaremos pendientes de que la solución última se adaptada a la ley".

Molina, por su parte, ha hecho un recorrido histórico por la zona donde se encontraban los antiguos bidones de Repsol. Así, ha recordado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) modifica "la edificabilidad triplicándola", incluyendo nuevos viales, rascacielos y, "por tanto, obras de cimentación más profunda y sótanos y aparcamientos", cambios que, a su juicio, "deberían ser suficientes para que el Ayuntamiento, propietario mayoritario de los terrenos, hubiera acometido un nuevo procedimiento de evaluación de riesgo", pero "no fue así".

De igual modo, ha agregado que los valores publicados por Repsol en su momento "superaban con creces el umbral que el Real Decreto 9-2005 catalogaba como necesario para evaluarse". Ha recordado también que el grupo municipal de Málaga Ahora ha realizado una analítica que "confirma que la contaminación está presente en un elevado grado".

Al respeto, Fiscal ha agregado que el primer estudio que presentó Málaga Ahora "no lo hizo una empresa acreditada conforme a las normas que exige la ley". Asimismo, ha aclarado que con fecha 2 de junio, el grupo ha presentado un nuevo escrito y de análisis de suelo "que en estos momentos está siendo estudiado y elaborándose su respuesta".