La Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox (Málaga), en el marco de la operación 'Rubbish', desarrollada en la localidad malagueña de Nerja, ha comprobado la existencia de un posible fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición en el vertedero ilegal del municipio que podría superar los 2,5 millones de euros.

Este sería, según el instituto armado, el coste aproximado de la correcta gestión de esos residuos que han sido vertidos "indiscriminadamente y de manera ilegal" en el vertedero de Río de la Miel de Nerja.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, en esta operación se ha detenido a 12 personas, además de haberse investigado a otras 25 y a once empresas. Igualmente, se han bloqueado más de 170 bienes muebles e inmuebles -viviendas, terrenos, embarcaciones, vehículos, etcétera- valorados en más de cinco millones de euros, por los supuestos delitos contra el medio ambiente y recursos naturales, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva, y prevaricación administrativa.

La investigación se inició en agosto del pasado año, a raíz de las denuncias presentadas por la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (Agreca) y por la Federación Española de Asociaciones de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición, por el vertido ilegal e incontrolado de residuos de la construcción y demolición, residuos peligrosos, residuos de podas y vegetación, plásticos, etcétera, en una antigua cantera situada en el Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama.

Fruto de las investigaciones, se pudo comprobar que se había constituido desde hace más de 15 años un vertedero ilegal en una antigua cantera situada en el Paraje de Río de la Miel de Nerja, que estaba siendo explotado y gestionado económicamente por un grupo de empresas del sector de la construcción del municipio de Nerja "incumpliendo las normas administrativas".

Estas empresas, según la Guardia Civil, realizaron una actividad "importante" de recogida y transporte de residuos de la construcción y demolición entre los que también se encontraban residuos peligrosos, para posteriormente verterlos sin ningún tipo de control en dicho vertedero ilegal.

Dichos vertidos se realizaron, han destacado, "a sabiendas de su ilegalidad y con conocimiento de la existencia de plantas autorizadas en la zona y de la normativa de aplicación". Incluso, según el instituto armado, se llegaron a expedir certificaciones acreditativas a clientes de que los residuos habían sido depositados en vertederos controlados, por lo que se sintieron engañados ya que habían pagado un servicio bajo la creencia de que sus residuos estaban siendo gestionados correctamente y cumpliendo con la normativa medioambiental.

Este vertedero ilegal afecta directamente al espacio protegido Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, que tiene otras figuras de protección como Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA), Red Natura 2000, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Conservación, entre otras.

Entre los graves peligros medioambientales que representa este vertedero destacan el riesgo potencial de incendio por no gestionar los gases producidos en la masa del residuo, siendo algunos de ellos inflamables y, por tanto, con riesgo de explosión por autocombustión. Algo semejante, han precisado, a lo ocurrido en el vertedero de Seseña (Toledo).

Se estima que el volumen total aproximado de los residuos existentes en dicho vertedero podría superar los 800.000 metros cúbicos, y que el coste aproximado de restauración podría sobrepasar los 10,7 millones de euros, según el informe técnico Visado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía.

En la operación han participado agentes pertenecientes al Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga.