El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo ha archivado la causa abierta de la parte del caso Bárcenas sobre la supuesta adjudicación irregular a Sufi de un contrato de basuras de este Ayuntamiento en 2007 a cambio de una comisión de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado ha decidido el sobreseimiento de la causa al considerar que no se ha acreditado "entrega alguna de dinero" ni su "relación casual con alguna decisión adoptada por funcionarios o autoridades públicas".

Además, argumenta que no podría existir un delito de financiación ilegal de partidos porque se trata de un delito introducido en la Ley Orgánica 1/2015, es decir, fecha muy posterior al momento en que figura en el recibí que consta de las actuaciones.

Bárcenas declaró que la adjudicación del contrato de basura respondió a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña electoral autonómica de la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El juez Pablo Ruz decidió, en un auto de marzo de 2015, enviar a un juzgado de Toledo la pieza que afecta a la ciudad, tras concluir que la investigación abierta por la concesión del contrato de basuras podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa.

Ruz argumentó que debía inhibirse a favor del juzgado decano de Toledo por falta suficiente de conexión con el resto del caso, ya que el propio relato del extesorero del PP Luis Bárcenas desvincula las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sufi, filial de Sacyr, de la mecánica de funcionamiento de la caja B del PP.

El juez investigaba al exalcalde de Toledo José Manuel Molina, a otros siete concejales del PP que conformaban la Junta de Gobierno Local en 2007, cuando se produjo la adjudicación del contrato, y al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas.

En el auto, el magistrado expone que la Intervención General del Estado realizó un informe sobre la adjudicación del contrato, en el que no se observan incidencias propias del delito de prevaricación.

Explica también que, tras la firma del contrato, la Junta de Gobierno de la ciudad de Toledo ratificó un protocolo de modificación del mismo, en el que se pactaba cambiar el convenio colectivo y un aumento del precio.

Unos cambios que, según el juez, "no imponía la automática modificación del precio del contrato, sino que efectuaba una mera declaración de intenciones".