El ex presidente del Gobierno murciano y actual diputado del PP, Pedro Antonio Sánchez, ha defendido que nunca contrató los servicios de ninguna empresa de la trama Púnica para mejorar su imagen en redes sociales, nunca aceptó ni dio el visto bueno a "ninguna propuesta" de esas compañías, y nunca les pagó "ninguna factura". Ni siquiera, añade, se abrió un expediente para "poder contratar".

De hecho, ha esgrimido doce certificados oficiales que "evidencian que nunca se acordó, ni se pactó, ni se concertó, ni se aceptó nada". Al contrario, cree que detrás de todo sólo hay "una intención política", porque el PSOE "se ha vuelto a personar" en la causa y porque la acusación popular está ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que "está formada por ex dirigentes y altos cargos socialistas".

Sánchez ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban a su salida del Palacio de Justicia, donde había sido citado a declarar este martes a las 10.00 horas ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región, instructor del denominado caso 'Púnica' en Murcia, Enrique Quiñonero Cervantes.

Tras declarar aproximadamente durante una hora ante el magistrado instructor, Sánchez ha abandonado el Palacio de Justicia y ha mantenido un contacto con los medios de comunicación en un hotel aledaño, donde ha recordado que él mismo solicitó "declarar" ante el juez "para aclarar" y para explicar algo que él cree que "es fácil de demostrar".

HOJA DE PEDIDOS "EN BLANCO"

En concreto, ha señalado que, en este caso, "estamos hablando de una empresa que, como tantas otras, se dirige a un organismo para ofrecer sus servicios" pero que no fue contratada, "a pesar de estar durante diez meses aproximadamente insistiendo, enviando propuestas, haciendo una labor comercialmente agresiva".

"No creo que nadie pretenda trabajar gratis", ha justificado Sánchez, quien ha remarcado que "si esta gente hubiera pretendido poner en marcha un contrato con la Consejería, al menos habría hecho falta cinco meses para abrir ese expediente y contratar".

En este sentido, ha destacado que la acusación sostiene que se hubiera empezado a facturar en el plazo de una semana, después de que la trama fuera abortada por la operación policial, lo que a juicio de Sánchez "era imposible y, por tanto, falso".

Se trata, añade, de algo que "se demuestra con más de diez certificados oficiales que acreditan que nunca se inició un expediente, que nunca se dio un visto bueno, que nunca se pagó una factura, que nunca se concertó y que nunca se acordó", ha aseverado.

Sólo eran, añade, "propuestas de una empresa que nunca se aceptaron", ha ratificado Sánchez, quien ha exhibido durante su comparecencia ante los medios de comunicación la hoja de pedidos y de servicios de la empresa, un documento que forma parte de la investigación y que obra entre las supuestas pruebas.

Sin embargo, explica que en ese documento aparecen "en blanco" las casillas correspondientes a la empresa, a su dirección, a su código postal, el CIF, el número de teléfono y a la ciudad. Sólo figura como único dato el país, España, tal y como ha señalado Sánchez. Pone 'aceptado por la empresa', pero el nombre y firma están "en blanco", todo ello rematado por un sello del juzgado.

LAMENTA QUE EL PSOE "SIGUE PERSIGUIÉNDOME"

Se trata de "otro intento más de utilización de la Justicia por parte del PSOE dentro de su estrategia de acoso y persecución política", ha señalado Sánchez. "El PSOE, sus amigos y sus compinches, siguen ahí, denunciándome, persiguiéndome e intentando hacer daño", ha lamentado el ex presidente, quien critica que "ni siquiera piden perdón" cuando los casos "se archivan".

Ha remarcado que en la acusación está ADADE y, bajo sus siglas, "se esconden ex altos cargos y militantes del PSOE", por lo que se trata de una organización "al servicio" de los socialistas que "no busca la verdad, sino eliminar al adversario político".

A su juicio, España también tendría que reflexionar sobre si "es gratis machacar a alguien con pruebas tan evidentes de que no hubo nada". Hasta ahora, lamenta, "ha sido gratis", aunque ha reconocido que él sigue creyendo en la Justicia, seguirá colaborando con ella y "confiando en su trabajo".

Ha insistido en que hacen falta cinco meses para montar un expediente y que la empresa pueda cobrar. "Si en esta fecha no había nada abierto, es imposible que empezaran a cobrar una semana después. Y no lo digo yo, lo dicen más de diez certificados oficiales", ha corroborado.

En este país, ha remarcado que, además de la presunción de inocencia, lo importante es "probar que alguien ha cometido un delito". Y lo que Sánchez dice haber demostrado este martes en su declaración "con documentos y con pruebas" es que "aquí no hay nada".

DESMIENTE QUE HUBIERA CUATRO REUNIONES

El ex presidente del Gobierno regional ha desmentido que mantuvo cuatro reuniones con la empresa. Al contrario, ha asegurado que los responsables de la compañía estuvieron "casi diez meses intentando que hubiera un contrato, que se les aceptara" y no se hizo, pero "no porque la Policía lo frustrara".

"En diez meses da tiempo y no se hizo", ha defendido Sánchez, quien ha insistido en que se ha podido "acreditar" que esas cuatro reuniones "no tuvieron lugar". Además, ha asegurado que él "nunca" pidió esa reunión, sino que él siempre contestó a peticiones de los miembros de la empresa.

De hecho, ha destacado que en esa misma investigación "casi llegan a acosar" a su secretaria. Incluso, ha destacado que en las conversaciones entre los miembros de la empresa que obran entre las pruebas se dicen entre ellos: "envíales todos los días mensajes, correos electrónicos y llamadas hasta que nos den una cita".

Ha justificado que cualquier cargo público dedica más de la mitad de su día a recibir a gente y a escucharla. Pues bien, remarca que, en este caso, lo que se hizo fue "escuchar" a los responsables de la empresa y, diez meses después, "no se hace nada".

Por tanto, admite que "nos pueden acusar de haber mareado a estos señores" o de "atenderles". De hecho, remarca que "propuestas de trabajo hubo muchas pero nunca se aceptó ninguna en diez meses", y ha señalado que él sólo tuvo una reunión con los representantes de la empresa en la que quedaron en que se iban a presentar.

Sin embargo, ha enmarcado este encuentro en la normalidad de "tantas veces" que recibe a "personas, colegios profesionales o a empresas" porque "todo el mundo quiere hablar con el consejero y con el alcalde".

EL ABOGADO, "UN FUNCIONARIO SANCIONADO EN ELCHE"

Por otro lado, la defensa del ex presidente de la Comunidad ha señalado que el Ayuntamiento de Elche "acaba de sancionar con seis años de suspensión de empleo y sueldo a uno de sus funcionarios" que, en este caso, ejerce la acusación del PSOE contra Sánchez.

"Incumplía su horario como empleado público, por el que todos los meses recibía un sueldo, para presentar denuncias falsas contra políticos", afirma la defensa, quien critica que este abogado "se lucra de forma ilícita con su actividad privada como abogado y representante del PSOE".

En este sentido, se pregunta si es este funcionario es "el abogado del PSOE que mantiene una persecución política contra el ex presidente de la Región, pedro Antonio Sánchez".

El representante de ADADE, Francisco Montiel, ha señalado que el ex presidente de la Comunidad sólo reconoce una reunión con los responsables de la empresa de Púnica pero ha negado "categóricamente" el resto. Sin embargo, "no ha dado explicaciones de por qué existen esos mensajes preparatorios y esos informes internos de Alejandro de Pedro -líder de la trama- en la que reflejaban los resultados de las reuniones comerciales".