La Rioja valida un nuevo protocolo de acción frente al acoso sexual infantil

  • La Comisión Institucional de La Rioja para la Coordinación de Actuaciones de Sensibilización, Protección y Recuperación Integral de las Víctimas de la Violencia ha analizado este martes el nuevo protocolo de acción frente al abuso sexual infantil en la comunidad.
Imagen de la reunión de la Comisión
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GOBIERNO DE LA RIOJA
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Se trata de un documento que "busca garantizar la mayor protección posible a niños víctimas de esta lacra con una respuesta rápida y coordinada por parte de todos los agentes públicos implicados en la atención a este tipo de casos".

Así lo ha destacado el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, tras la reunión de la comisión en la que se ha dado el visto bueno a esta herramienta "esencial para proteger el bienestar de los menores".

Escobar ha resaltado que en su elaboración han participado representantes de las administraciones públicas implicadas en la atención a la víctima en todas las fases del proceso: Gobierno de La Rioja de las áreas de Servicios Sociales, Salud, Educación y Justicia e Interior, Fiscalía, Juzgado, Instituto de Medicina Legal, Ayuntamiento de Logroño y Delegación del Gobierno en La Rioja.

"Es un instrumento sencillo, que se nutre de la experiencia de los profesionales que tienen contacto más estrecho con los menores de la comunidad, médicos, docentes, trabajadores sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para ofrecer una hoja de ruta sencilla que asegure a las víctimas la mejor respuesta posible", ha asegurado.

Además, el titular de Políticas Sociales ha incidido en que el documento eleva la protección del menor durante el proceso judicial al impedir que se produzca una victimización secundaria.

En este sentido, ha señalado que el nuevo protocolo implica la formación de los profesionales que van a tener contacto directo con la víctima para evitar, por un lado, repeticiones innecesarias que agraven su condición como tal, y por otro, que se pueda contaminar su declaración.

Para ello, se ha establecido una única unidad valoradora del testimonio del menor: el Instituto de Medicina Legal. Su equipo multidisciplinar, altamente especializado, será el único que valore todos los posibles casos, de forma que el menor no tenga que repetir su declaración.

Asimismo, fija tres niveles distintos de actuación, en función de la probabilidad de que se esté produciendo un caso de este tipo. En concreto, los profesionales de los ámbitos de Salud, Educación, Servicios Sociales, Justicia e Interior y/o de la Policía que sospechen que un menor es víctima de abusos sexuales deberán seguir tres itinerarios de actuación posibles.

En primer lugar, cuando el nivel de probabilidad de que se esté produciendo un caso sea bajo o medio, los detectores de la situación realizarán una observación interna durante 7 días en los que recogerán datos y tratarán de verificar indicios. Si mantienen su sospecha deberán notificar el caso a la Fiscalía.

El segundo será cuando el nivel de probabilidad de que se esté produciendo un caso sea alto, se notificará de forma inmediata a la Fiscalía. Y, en tercer lugar, en caso de evidencia física, se llevará a la víctima a Urgencias Sanitarias de forma inmediata y se notificará a la Fiscalía.

Por supuesto, en caso de que el menor precise medidas de protección, por no existir una figura protectora en su entorno familiar, se comunicará también a la Entidad Pública de Protección de menores.

Escobar ha explicado que el protocolo se acompaña además de un programa de recuperación emocional del menor víctima de esta lacra que coordinará la Dirección General de Justicia e Interior y que se implantará en el tercer trimestre de 2017.

Bautizado como 'Reset', por la necesidad de reiniciar una situación emocional traumática y que de no corregirse influirá en el desarrollo típico de los menores, el programa atenderá a aquellos niños expuestos a maltrato y/o abuso, previa denuncia judicial.

Ello implica la coordinación con la fiscalía, la recepción del caso por parte de las distintas Oficinas de Asistencia a Las Víctima del Delito y a partir de ahí, la derivación a este servicio, que debe coordinar la intervención familiar y social en el ámbito académico y social de los niños.

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