Padres y madres de los detenidos por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua han solicitado este martes "amparo y acompañamiento" a la sociedad y a las instituciones navarras después de que el Tribunal Supremo haya declarado a la Audiencia Nacional competente para investigar el caso al entender que se trata de un delito de terrorismo.

Los familiares piden "amparo" para que "esta situación de falta de garantías no se consolide, ni se materialice en condenas desproporcionadas, incomprensibles e inasumibles para una sociedad que vela por los derechos de sus miembros".

Para ello, van a llevar a cabo distintas iniciativas como solicitar una reunión con cada uno de los grupos del Parlamento de Navarra y con los sindicatos, así como invitar a diferentes organismos sociales y culturales a una reunión la próxima semana en Pamplona para "plantear una reflexión conjunta sobre este caso y solicitar acompañamiento".

Asimismo, las familias van a realizar una gira por todas las comarcas de Navarra para "dar información detallada sobre este caso mediante charlas abiertas", a las que han invitado a acudir a toda la sociedad.

En representación de los familiares, Antxon Ramírez de Alda y Edurne Goikoetxea, han dado lectura a un comunicado, en euskera y catellano, en el que se muestran "indefensos y desamparados" por la decisión del Tribunal Supremo, que consideran "no ha tenido en cuenta el auto de la Audiencia de Navarra que analiza con rigor jurídico los hechos, los elementos de prueba y los elementos jurídico".

En su opinión, el auto del Tribunal Supremo es "absolutamente superficial", ya que, según han señalado, "no profundiza ni en los elementos de la causa, ni en los elementos jurídicos". "Tenemos la sensación de que se argumenta débilmente una calificación de los hechos como posible delito de terrorismo porque la decisión estaba previamente tomada, sin tener en cuenta los elementos de prueba, los indicios y los argumentos jurídicos que hay en la causa", han sostenido.

Además, los padres y madres se han mostrado "muy preocupados" de que tres de los jóvenes detenidos "lleven siete meses en prisión alejados y en régimen FIES, en una situación arbitraria, abusiva y sin ninguna medida de proporcionalidad", y también porque "no se les vaya a juzgar en la jurisdicción natural".

Para los familiares, "este tribunal de la Audiencia Nacional no ofrece garantías para juzgar a nuestros hijos con el mínimo de objetividad y con una perspectiva realmente jurídica". Y han afirmado que esta situación va a abocar a los procesados a "enfrentarse a unas peticiones de prisión absolutamente desproporcionadas que pueden superar los 10 años".

Unas peticiones, han agregado, "completamente alejadas de la realidad, que no resisten una comparación basada en el sentido común, unas peticiones desproporcionadas que atentan contra el rigor jurídico y las garantías procesales".