La portavoz de Bienestar del Partido Popular (PP) en las Cortes, Ana Marín, ha recordado al Gobierno de Aragón que no se puede hablar de "rentabilidad" en la lucha contra la violencia de género. Así se ha referido a la renovación del contrato de atención urgente a las víctimas de este tipo de agresiones, que ha calificado de "retroceso evidente e inadmisible".

En los requisitos de este contrato en 2015 se establecían tres bases operativas en Huesca, Teruel y Zaragoza. La adjudicataria, Atenzia, ofertó como mejora la inclusión de otras tres bases: Alcañiz, Barbastro y Calatayud, que incluían atención de seis trabajadores sociales, con un 30 por ciento de jornada y atención de guardia.

En abril de 2017 se ha licitado el contrato con idénticas condiciones que la anterior licitación, es decir, tres bases operativas en Huesca, Teruel y Zaragoza. Pero la adjudicataria no ha incorporado las mejoras de la anterior adjudicación.

En una rueda de prensa, Ana Marín ha opinado que este nuevo contrato supone un recorte "en medios materiales" en el sistema de atención social a las mujeres víctimas de violencia de género. "En este pliego de condiciones se rebajan las exigencias de contratación, dado que de los seis puntos de atención existentes sólo se exigen tres, y la empresa adjudicataria renovó contrato a las trabajadoras y, cinco días después de formalizar la adjudicación, despidió a cinco trabajadoras sociales y tomó la decisión de cerrar los puntos de atención de Catalayud, Barbastro y Alcañiz".

Según la portavoz de Bienestar del PP, Atenzia ha manifestado a las trabajadoras, en la notificación del extinción del contrato, que no ofreció como mejora prestar el servicio desde seis bases de atención puesto que los costes laborales de dicha mejora habían lastrado "la rentabilidad del anterior contrato". El precio de licitación del actual contrato, ha continuado, es el mismo que el del actual.

"Entendemos que María Victoria Broto -consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales- no puede atender a la rentabilidad cuando estamos refiriéndonos a la atención de mujeres víctimas de violencia de género, en estos casos no cabe la rentabilidad ni hablar de viabilidad económica", ha aseverado.

Ha agregado que con esta misma empresa adjudicataria ya hubo un problema "muy similar" en la asistencia jurídica a víctimas de violencia de género. "La seguridad, la atención y el apoyo" a estas mujeres no valen "38.000 euros" que, ha asegurado, el Gobierno aragonés pretende ahorrar. Según Ana Marín, este contrato con tres bases supone "un retroceso evidente e inadmisible, así como un aumento del riesgo para la seguridad de estas personas".

Por todo ello, la parlamentaria del PP ha registrado una solicitud para que María Victoria Broto comparezca ante el pleno de las Cortes de Aragón para explicar la situación. Ana Marín ha destacado que "la unidad de todos" es la única forma de terminar con esta lacra social que supone la violencia machista.

Ha matizado que los últimos datos aportados por la Fiscalía aragonesa en el Parlamento autonómico alertaban de un incremento de las denuncias por violencia de género en 2016 respecto a 2015. "A ello hay que sumar el aumento en el número de personas que se dirigen al teléfono de atención a las mujeres víctimas de maltrato en Aragón, que han pasado de 289 en enero a 315 en abril, según los últimos datos oficiales del Instituto Aragonés de la Mujer".

NO SE PRODUCEN BAJAS

Por su parte, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha expuesto, en un comunicado, que el servicio para víctimas de violencia doméstica se licitó al principios de 2015, resultando adjudicataria Atenzia.

En los requisitos del contrato se establecían tres bases operativas en Huesca, Teruel y Zaragoza, pero la empresa ofertó una mejora con otras tres bases -Alcañiz, Barbastro y Calatayud- que incluían a seis trabajadoras más.

En abril de 2017 se ha licitado el contrato en las mismas condiciones que la anterior licitación, es decir, tres bases operativas en Huesca, Teruel y Zaragoza. En este contexto, ha vuelto a ser Atenzia la empresa que ha obtenido la mayor puntuación, ahora bien, en su oferta actual no incorpora las mejoras de la anterior adjudicación.

"El índice de casos atendidos en las bases de Alcañiz, Barbastro y Calatayud ha sido muy bajo, circunstancia que ha determinado que no extendieran esas mejoras al presente contrato que se ha adjudicado", ha aclarado el Departamento de Ciudadanía. Sin embargo, ha subrayado desde el Ejecutivo que la atención y la prevención de la violencia de género y doméstica es "prioritaria", por ello, ha propuesto a Atenzia continuar con el personal asignado en el contrato, de forma que no se produzcan bajas de personal.

"Así, se firmará un contrato complementario para este año, con el objetivo de mantener el nivel de atención y poder complementar los servicios allí donde se produzca un repunte de las necesidades", han sostenido desde el Departamento. Se prevé que en fechas próximas el personal que estaba asignado en las bases de Alcañiz, Barbastro y Calatayud siga prestando servicios con las mismas condiciones y, progresivamente, se incorporará a otros servicios, cuando ello sea posible, con mejora de su jornada laboral.