En rueda de prensa, junto al edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo (IU), la parlamentaria cordobesa ha opinado que "el Gobierno andaluz tiene que actuar, pues no puede ser que, un día por otro y un día por otro, esto no se resuelva", lo cual achaca a que "la Consejería de Empleo es un auténtico desbarajuste", pues en la misma "están haciendo cosas a sabiendas de que la Ley dice otra cosa".

Cortés se ha referido de esta forma al hecho de que aún no haya emitido Empleo el informe jurídico que le pidió el Ayuntamiento de Córdoba para saber si puede elevar a definitiva o no la "suspensión cautelar" de la subvención que otorgó el Consistorio a la Fundación Guadalquivir, tras dictar Empleo la citada resolución provisional contra dicho colectivo.

Por eso, a la espera del citado informe que pidió el Consistorio cordobés a la Junta y de la resolución definitiva de ésta sobre la sanción que impuso a la Fundación Guadalquivir, Cortés ha insistido en que no quiere pensar en que desde Empleo se esté actuando para "ayudar a tapar u ocultar hechos que abochornan y avergüenzan a cualquier militante (del PSOE) y a cualquier miembro del Gobierno andaluz".

En este sentido, la parlamentaria andaluza de IU ha señalado que desde la Consejería de Empleo le han "reconocido que hay una imposibilidad total de acceder (para la entidad sancionada) al conjunto de subvenciones que se dan en todas las administraciones y para todos los temas", con lo que debe hacerse firme la resolución de la Junta contra la Fundación Guadalquivir para que el Ayuntamiento, a su vez, pueda hacer definitiva la retirada de su subvención a dicho colectivo.

Por eso, desde IU reclaman al Gobierno andaluz "que, de manera inmediata, evacue el informe que se acomode al artículo 24 de la Ley General de Subvenciones", a la que entienden Cortés y Del Castillo que no se ajusta un informe que remitió la Junta a la Diputación de Córdoba, al consultarle ésta qué hacía con una subvención para Guadalquivir Futuro, y le dijo la Administración autonómica que "solo competía la suspensión a las subvenciones en materia de empleo", algo con lo que están en desacuerdo en IU, al considerar que la suspensión debe aplicarse a todo tipo de subvenciones y concedidas por cualquier administración.