El sindicato USO lleva a los tribunales a la fábrica GSW, situada en Nueva Montaña y perteneciente al Grupo Celsa, por el despido de dos trabajadores y delegados del sindicato en el comité de empresa porque lo que, a su juicio, es un "claro caso" de "política antisindical".

El secretario general de la Federación Estatal de Industria de USO, Pedro Ayllón, ha avanzado este viernes en declaraciones a los medios durante una concentración a las puertas de la sede del Gobierno de Cantabria que el sindicato ya ha iniciado la vía judicial para trata de lograr la readmisión de esos dos trabajadores.

De hecho, ha indicado que ya se ha fijado para el próximo 14 de junio un acto de conciliación, en el que espera que se alcance un acuerdo y se logre que GSW dé marcha atrás en ambos despidos, pero ha señalado que, de no ser así, "iremos a juicio para ganarlo".

USO ha organizado esta concentración frente al Gobierno regional para reclamar al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que se implique en este asunto porque "su Gobierno acaba de dar a GSW un aval de 13,2 millones de euros" y "se ha utilizado única y exclusivamente para despedir".

"Cuando se da un aval de estas características tiene que haber una cláusula social en el que, efectivamente, no haya despidos", ha enfatizado el secretario de la Federación Estatal de Industria de USO.

Ha destacado que en el Grupo Celsa "no ha habido despidos en una década" lo que, en su opinión, demuestra que los dos realizados en la fábrica de GSW se deben a una "política antisindical" y de "represión".

Y es que los dos trabajadores despedidos son delegados de USO en el comité de empresa, del que también forman parte CCOO y UGT a quienes ha criticado por sumarse a las movilizaciones, y el objetivo ha sido "callar a todos aquellos trabajadores que dicen cosas diferentes" y "que no le interesan" a la empresa.

Según ha dicho, el despido se ha realizado "sin ninguna causa objetiva y solo por el mero hecho de ser sindicalistas de USO" ya que los dos trabajadores tienen "un expediente laboral inmaculado". "Esto es una clara agresión a los derechos de los trabajadores", ha denunciado, y por ello ha pedido al Gobierno que se involucre y trate de que se readmita a esos dos trabajadores.