El Parlament ha cerrado este jueves la ponencia del reglamento con el acuerdo de Jxsí y la CUP para tramitar por lectura única --procedimiento de máxima urgencia-- la ley de transitoriedad jurídica, una de las leyes de 'desconexión'.

Según fuentes parlamentarias, ambos grupos mostraron en la reunión de la ponencia del martes su acuerdo en rechazar las enmiendas de la oposición que pedía evitar el trámite de urgencia o restringirlo a normas que no sean complejas, pero la ponencia no se cerró porque faltaban por concretar el posicionamiento de los grupos en algunas enmiendas.

Al cierre de la ponencia, la oposición ha lamentado que JxSí y la CUP mantengan su propuesta de acelerar los trámites y hayan tumbado las enmiendas que solicitaban incluir en el reglamento de la Cámara respetar las garantías de los derechos de los diputados.

La lectura única es un procedimiento que ya puede actualmente utilizar el Govern para tramitar proyectos ley, y la particularidad es que los grupos no pueden presentar enmiendas y el trámite se salda con una única votación.

Los grupos han redactado enmiendas pidiendo que ese trámite no pueda hacerse en leyes complejas o que, al menos, se permita a los partidos presentar enmiendas, pero el informe de la ponencia reflejará que el posicionamiento de JxSí y la CUP es contrario a aceptarlo.

En un corrillo con los periodistas, el portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, ha sostenido que, si el reglamento se aprueba en los términos de la ponencia, Catalunya tendrá "el parlamento con los derechos menos democráticos y menos garantías de toda España".

Coscubiela ha advertido de que, sin restringir el trámite de lectura única, se podrán cambiar leyes como el Estatut por ese procedimiento, sin tener en cuenta el posicionamiento de los grupos minoritarios.

En una entrevista, la socialista Eva Granados ha adelantado que pedirá un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), y a la salida de la reunión de la ponencia fuentes socialistas han explicado que JxSí está preparando el terreno para intentar "a la práctica derogar el Estatut sin aceptar enmiendas".

"Vemos una reforma que prescinde de la opinión de las minorías, pero de la mayoría de los grupos parlamentarios", ha lamentado y han calificado la propuesta de reforma de avasallamiento de los derechos de los diputados.

Una de las enmiendas de SíQueEsPot pretendía explicitar en el reglamento la garantía de los derechos de los diputados a la hora de alterar el orden del día de un pleno, haciendo que éste se pudiera llevar a cabo sólo con el acuerdo por "unanimidad" de todo el hemiciclo, pero JxSí y la CUP ya han anunciado que también rechazarán esa enmienda.

"Con este texto, el reglamento será el único de todos los reglamentos parlamentarios que permitirá el tema de la alteración del orden del día sin respetar los derechos de los grupos", ha dicho Coscubiela.

La enmienda vino motivada porque, en el penúltimo pleno, SíQueEsPot y la CUP pidieron que modificar el orden del día para introducir dos propuestas que pedían al Govern la acusación de CDC en el caso Palau, algo que salió adelante por unanimidad y, tras ello, desde la bancada de JxSí lo entendieron como un precedente para otras ocasiones.

La CUP propuso en sus enmiendas al reglamento que el Parlament pueda suspender tres meses a los diputados si se abre un proceso judicial contra ellos, ampliables a la espera de cómo evoluciona el proceso judicial en este tiempo, una enmienda que JxSí y la CUP se han emplazado a transaccionar conjuntamente hasta el martes.

El martes a las 15.30 se celebrará la comisión del reglamento que votará las enmiendas y emitirá un dictamen, que el PSC ya ha anunciado que llevará al CGE, truncando la voluntad de JxSí de introducirlo en el pleno de mediados de junio, ya que el órgano consultivo tiene hasta un mes para dictaminar sobre la reforma.

Otro de los flecos que queda por cerrar es una petición de la CUP de un desdoblamiento de género en el lenguaje del reglamento --es decir, donde pone 'diputado', poner 'diputada y diputado'--.

Fuentes de Cs han explicado que los letrados han desaconsejado esa opción porque "en un texto legal sería contraproducente porque tiene que ser comprensible", aunque han matizado que en la medida de lo posible se puede revisar para usar genéricos --es decir, en lugar de 'presidenta' o 'presidente', poner Presidencia--.

El Parlament ha aprobado este jueves una moción que insta al Govern a que abra un debate tras el referéndum que pretende hacer este año para que los catalanes decidan la relación que quieren mantener con la UE.

El punto de la moción, que ha presentado la CUP en el pleno y ha transaccionado con JxSí, expone que, tras un referéndum vinculante sobre el futuro político de Cataluña y un proceso constituyente de la república catalana, "tendrán que permitir abrir un debate nacional y democrático sobre el modelo de relaciones exteriores", que se decidirá a través de instituciones y procesos participativos.

Pide que el debate tenga, en particular, "una visión sobre Europa y la relación con la UE, que el pueblo catalán libremente quiere tener desde el ejercicio del derecho a decidir" y en beneficio de sus soberanías sociales y nacionales.

El punto de la moción ha recibido el apoyo de la CUP, JxSí y SíQueEsPot y el rechazo de Cs, PSC y PP, cuyo diputado Juan Milian ha reprochado que esa opción no cumple con el programa con el que los 'cupaires' se presentaron a las elecciones --pedían salir de la UE-- ni con el de JxSí, que abogaba por quedarse.

La moción pide al Govern defender activamente las libertades individuales y colectivas, así como los "derechos colectivos de los pueblos y, en particular, su derecho a la autodeterminación" y la justicia social en el marco de la Declaración Universal de los Derecho Humanos.

Este punto ha salido adelante gracias a los votos a favor de los grupos parlamentarios de la CUP, JxSí y SíQueEsPot, con la abstención del PSC y pese a los votos en contra de Cs y PP.

Otro de los puntos de la moción de los 'cupaires' que ha prosperado es el que pide defender ante la UE la necesidad de un nuevo proyecto europeo que corrija "los déficits sociales y democráticos y sociales" de la UE.

"Este nuevo proyecto ha de permitir hacer frente de manera decidida y con firmeza el aumento de la xenofobia y la extrema derecha", finaliza el punto, que ha sido secundado por toda la Cámara excepto por el PP, que ha votado en contra.