Consta de seis títulos sobre derecho a la verdad, derecho a la memoria, derecho a la reparación, garantías de no repetición, además de capítulos sobre actuación y organización administrativa para el establecimiento de políticas de memoria democrática y un régimen sancionador.

Entre otros cambios, prevé instar a la anulación de juicios y sentencias por motivos políticos vinculados a la Guerra Civil, investigar desapariciones e identificar víctimas, proteger el patrimonio documental o declarar espacios de memoria democrática.

Además, establece multas de entre 200 y 150.000 euros por el incumplimiento de requisitos, exhibición de símbolos -incluida la guía de calles- o manifestaciones de enaltecimiento de la dictadura.

La diputada del PSIB Sílvia Cano ha explicado que la ley quiere "impulsar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista y dignificar su memoria". Para ello, ha pedido la misma unanimidad que hubo para la aprobación de la Ley balear de fosas porque "las heridas no se cierran con olvido".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha defendido la obligación de las administraciones públicas de estudiar e investigar por la memoria democrática y ha defendido el derribo del monolito de Sa Feixina.

Desde MÉS per Mallorca, Margalida Capellà ha asegurado que "el dilema 'paz o justicia' es falso" sino que "la pregunta es cuándo y cómo se aplicará la justicia". Además, ha dicho que no quieren "leyes, sentencias, jueces o calles fascistas".

Posteriormente, la diputada de MÉS per Menorca ha negado que eliminar símbolos como el monolito de Sa Feixina sea "querer borrar la historia". Además, ha apuntado que esta proposición "recoge las peticiones de las víctimas" y de las Naciones Unidas.

Desde el PI, ha intervenido a favor de la propuesta la diputada Maria Antònia Sureda, si bien ha matizado que hay aspectos "que no quedan claros" pero que espera trabajar en ello en comisión. Además, ha recordado la necesidad de dotar la ley presupuestariamente y no aprobarla "para quedar bien".

En contra de la propuesta ha intervenido el portavoz adjunto del PP, Juan Manuel Lafuente, quien ha advertido que la iniciativa está "claramente enfocada a una parte" de la historia y "el silencio de otras". Por ello, ha calificado la proposición de "texto de memoria selectiva" y la ha comparado con el 'Ministerio de la Verdad' de George Orwell en su novela '1984'.

Paralelamente, el portavoz de C's, Xavier Pericay, ha alertado de que la proposición presenta "una visión de la historia falta de objetividad" que "han querido transmitir a las generaciones futuras" y que hace "depender" de esta visión "a todo el articulado" de la ley.