Ortega Paniagua, quien también era vicesecretario de la Agrupación Local, se dio de baja de militancia y entregó su acta de edil tras su imputación en el marco de la segunda fase de la operación 'Edu' de la Policía Nacional en febrero de 2015 por su gestión al frente de las mercantiles Ormar Informatic SL; Inmecamar SL; y Academia Infosol SL.

El auto, de 26 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que no está "debidamente acreditada" la comisión de infracción penal en la obtención de ayudas para cursos de formación por parte de la mercantil Inmecamar SL aunque si señala una "serie de irregularidades" en la documentación del curso.

La magistrada Almudena Nadal, que se aviene a lo interesado en su informe por el Ministerio Fiscal, señala que Inmecamar SL obtuvo para cursos de formación destinados a personas desempleadas una subvención por valor de 147.375 euros, de acuerdo a una resolución de fecha 26 de enero de 2011 de la Dirección Provincial de Almería del SAE, y una segunda de 64.239 euros por resolución del mismo organismo de fecha 21 de enero de 2010.

Concluye que, a la vista de las declaraciones de los formadores y de los alumnos, ha quedado acreditado que los cursos fueron "impartidos", por lo que "no se dan los requisitos para integrar" el delito del artículo 305 de Código Penal.

Matiza, no obstante, que, como resultado de la investigación, "únicamente se aprecian" una "serie de irregularidades" respecto a la "constancia documental" de diferentes aspectos de los cursos.

En concreto, el auto hace referencia a la constancia documental de los "alumnos asistentes o a los ingresos recibidos por los profesores en cuanto a los conceptos por número de horas de docencia y de profesores, o por números de horas de docencia y de tutorías".

"No concurren elementos suficientes de prueba para concluir que se trata de documentos falsos en sí o alterados en alguno de sus elementos", remarca la juez para acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Ortega Paniagua, su hija, su mujer y una profesora por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social.

SÓLO UNA ACUSACIÓN

Por el momento, la Fiscalía únicamente ha formulado acusación en una de las 16 piezas separadas incoadas en los juzgados de Almería para investigar posibles irregularidades en los cursos de formación subvencionados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y ha solicitado dos años y tres meses de prisión para el administrador de la mercantil Abakan Formación SL.

El Ministerio Público atribuye a J.M.M.R.C. la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público ya que, entre otras actuaciones, alteró supuestamente los partes de asistencia para no perder la subvención de casi 90.000 euros concedida para la celebración del curso 'Técnicos de Sistemas Microinformáticos".

ARCHIVOS EN OTRAS PIEZAS

Con este último caso, hasta el momento ha trascendido el archivo de al menos siete procedimientos de los 16 en los que fue dividida la causa y que se repartieron a los seis juzgados de la capital de Almería. La división llegó después de que Juzgado de Instrucción 4 de Almería resolviese en abril de 2015 que procedía desgajarla en 16 procedimientos, uno por cada empresa investigada, y dar traslado al Decanato para su reparto.

De todos ellos, dicho juzgado asumió una de las causas y acordó decretar el archivo de la investigación sobre Centro de Estudios Andarax SL y su administrador. La juez estimó que, a "diferencia" de otros casos, en este "sí se impartió el curso debidamente" y los alumnos recibieron la formación "por la que acudieron", por lo que no existe ninguna irregularidad de relevancia penal.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería también decretó en enero el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa seguida contra la empresa Profesional de Salvamento y Socorrismo SL y tres de sus responsables por presuntas irregularidades en cursos de formación subvencionados por el SAE al considerar que, tras la practica de las diligencias de investigación, no había infracción penal ni los hechos eran constitutivos de los delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental y estafa que les atribuyó la Policía Nacional en el marco de la operación 'Edu'.

Estos archivos se suman a los ya decretado con respecto a la mercantil Sicma Andalucía SL por el Juzgado de Instrucción 6, que consideró en enero de 2015 que las irregularidades detectadas, en concreto, que la retribución percibida por el profesor "no correspondía" con la que luego se justificó, se enmarcarían en el ámbito "administrativo".

También resolvió decretar el sobreseimiento provisional el Juzgado de Instrucción 3 de la capital en la investigación seguida contra la mercantil Infocentro SL después de que Ministerio Público concluyese de lo actuado que los cursos de formación para los que recibió 141.122 euros entre los años 2009 y 2013 se realizaron, los profesores se contrataron y los alumnos recibieron la docencia, por lo que no habría delito. Este mismo juzgado también dictó sobreseimiento de la causa contra la sociedad Granaforma SL.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción 1 también cerró la causa seguida contra la empresa Aplinfo Almería SL y su responsable al no ver infracción penal ni hechos constitutivos de los delitos de fraude en subvenciones.