«Una vivienda de protección pública (definición que ahora incluye a las antiguas viviendas de protección oficial y de precio tasado), ya sea de promoción publica o de promoción privada, está pensada como residencia habitual del adjudicatario, que está obligado a ocuparla en los tres meses siguientes al momento de su entrega», explica Andrés Vilacoba, abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de la Vivienda (www.adeprovi.com y teléfono 902 362 952).
Tras la descalificación
Pero aunque las nuevas viviendas de protección no se pueden alquilar a priori, sí que es posible hacerlo una vez descalificadas; es decir, toda VPP tiene una moratoria especificada en el contrato, un número determinado de años tras los cuales es posible venderlas o arrendarlas.
Para saber si se puede descalificar la vivienda de protección que uno posee es necesario conocer la fecha de adquisición (es decir, de calificación) y es conveniente que consulten a algún abogado experto en el tema y/o al Ivima en la Comunidad de Madrid (sus equivalentes en el resto de comunidades autónomas).
Algunas excepciones
Eso sí, hay algunas excepciones en las que es posible alquilar una vivienda protegida, aún sin descalificar, a un precio de alquiler máximo fijado. Todo depende de la normativa a la que esté sujeta. Si en el caso anterior aconsejábamos acudir a algún experto, en éste es algo aún más perentorio.
Las VPPA
Hay otra opción muy novedosa: las viviendas de protección pública para el alquiler (VPPA); es decir, inmuebles levantados con la intención, desde un principio, de ser alquilados. «No concede la propiedad, sino la posesión, por lo que, por ejemplo, no se pueden subarrendar», puntualiza Vilacoba.
Al igual que para obtener una VPP, para acceder a una VPPA hay que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que los ingresos familiares no excedan en 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.
Alquiler en la sombra
Andrés Vilacoba sostiene que existe el alquiler de VPP en negro, pero hay poco comparado con el pago de un sobreprecio por la adquisición de la vivienda protegida, que es más preocupante. «A los propietarios les da miedo, a menos que esté alquilándoselo a alguien con quien tenga mucha confianza, ya que, si el inquilino los denuncia, pueden quedarse fácilmente sin vivienda» explica Vilacoba. Añade que también se suelen llevar a cabo cesiones, que consisten en permitir que las ocupe un tiempo un hermano u otro familiar, pero que tampoco son legales.
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