Así lo ha expuesto este lunes el abogado de Málaga Ahora, Oliver Roales, que en rueda de prensa ha presentado junto a la portavoz de la formación, Ysabel Torralbo, el auto judicial que decreta la suspensión cautelar de este nuevo concurso, adjudicado en febrero de este año, si bien aún no ha entrado en funcionamiento, y obliga a continuar la prórroga del servicio en las condiciones actuales.

Málaga Ahora interpuso una denuncia en octubre de 2016 en la que señalaba que el pliego de condiciones "entrañaba en la práctica un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto para despedir a un 25 por ciento de la plantilla -de un total de 215 personas-", puesto que el precio total de licitación era menor que los costes del servicio.

Además, todo el personal "quedaría adscrito a dos únicas áreas de trabajo, que no incluían servicios anteriores, como el mantenimiento de parques infantiles". Por todo ello, el Juzgado ha entendido que "hay indicios suficientes para decretar la suspensión", han explicado.

Además, han detallado que el pliego "dividía en partes iguales las labores de mantenimiento y las de limpieza". El auto entiende, según ha señalado Málaga Ahora, "que se han inflado artificialmente las labores de limpieza, ya que en lugar del 21 por ciento de IVA, por este concepto solo se paga un diez por ciento".

De este modo, "se estaría obligando a las empresas concesionarias a falsear el IVA, en lo que supone un desvío de caudales públicos a intereses particulares", han concretado.

Por su parte, Torralbo ha lamentado que desde algunos ámbitos "se haya querido dar la impresión de que este auto paralizaría el cuidado, mantenimiento o incluso apertura de algunos parques", como el Campamento Benítez, "cuya inauguración no se ha producido y en todo caso tendría lugar solo de manera parcial".

Así, ha detallado cómo las indeterminaciones del concurso que ahora se ha suspendido, así como las del anterior, permiten "que ese tipo de actuaciones tengan cabida perfectamente", y ha criticado que el "Ayuntamiento perdiera el año pasado un millón de euros de dinero público en un parque que no contaba ni siquiera con las aprobación del plan especial".

"Es lamentable que se pretenda mezclar un asunto que no tiene nada que ver con un auto judicial que pudiera comportar consecuencias penales en el futuro", ha criticado la portavoz municipal.

Además, ha señalado que en este caso, "además de la dimensión medioambiental, había otra humana, por los numerosas personas que se iban a quedar en la calle", en referencia al ERE "encubierto" del 25 por ciento de la plantilla del Área.