El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha contratado a la empresa de ingeniería Saitec para la redacción del anteproyecto y estudio impacto ambiental de la solución alternativa a la actual depuradora de Vuelta Ostrera (Suances) después de que el Tribunal Supremo instara, en una providencia fechada el 10 de mayo, a la titular de esta cartera, Isabel García Tejerina, a ejecutar sin demora la sentencia de demolición que pesa sobre esta instalación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press, recoge este sábado el anuncio de formalización del contrato, adjudicado el pasado 10 de abril por la Dirección General del Agua del Ministerio a esta empresa.

El objeto del contrato es, según se señala, la "redacción del anteproyecto y estudio impacto ambiental de la solución alternativa a la E.D.A.R. Vuelta Ostrera y la adaptación del proyecto del emisario terrestre y submarino de Los Locos".

El contrato se formalizó, según se señala en el anuncio del BOE, el pasado 19 de mayo, nueve días después de la providencia del Tribunal Supremo.

DETALLES DEL CONTRATO

El BOE publicó el 12 de octubre de 2016 el anuncio de licitación de este contrato, que salió con un presupuesto base por importe total de casi 688.000 euros, si bien finalmente fue adjudicado por poco más de 320.000 euros.

Según se señala en el Boletín, la oferta de Saitec resultó ser la "más ventajosa para los intereses de la Administración".

REACCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Y DE CANTABRIA A LA PROVIDENCIA DEL TS

Tras conocer la providencia del Supremo, García Tejerina garantizó la "máxima celeridad y diligencia" para dar una solución al derribo de la depuradora de Vuelta Ostrera.

Subrayó que dicha solución tendría que contar con "todas las garantías medioambientales y precisamente para no incurrir en los errores del pasado, respetando todas las tramitaciones, plazos y necesidades que requiere una situación como la actual" pero "abreviando los plazos al máximo" para evitar que "se dilaten los pasos más de lo debido".

Por su parte, la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, advirtió, tras conocer la providencia del Supremo, que la demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera antes de que se construya una alternativa provocará un "desastre ecológico" y culpó de lo ocurrido al PP.

Además, reclamó al Ejecutivo central (PP) que realizara un "último intento" ante el Tribunal Supremo, para motivar la necesidad y solicitar un último plazo, con el fin de que se pueda construir la alternativa antes de proceder al derribo de la depuradora actual.

LA PROVIDENCIA DEL TS

En la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación a Vuelta Ostrera se señala que la ministra deberá proceder a dictar cuantas órdenes considere procedentes con el fin de que la sentencia, dictada por el Alto Tribunal en 2005, se lleve a efecto, "con expresa indicación de remover cuantos obstáculos, demoras y trámites innecesarios se hayan acordado o pudieran acordarse con el fin de alcanzar dicho cumplimiento".

Se establecía que la ministra deberá dar cuenta al tribunal cada mes de las decisiones adoptadas al respecto y de la evolución de dicha ejecución.

El Supremo atendió en el año 2006 el calendario propuesto por la Administración para proceder a la ejecución de la sentencia, que establecía la demolición en el segundo semestre de 2013, pero el pasado mes de enero, mediante auto, denegó prolongar de nuevo ese plazo hasta el año 2021 como pidió el abogado del Estado.

El TS adoptó la decisión de dictar la providencia del 10 de mayo ante el incumplimiento por parte de la Administración de la citada orden, y ante el tiempo transcurrido sin que se haya llevado a efecto la ejecución.

En la sentencia de octubre de 2005, el Supremo ordenó la demolición de la depuradora al estimar un recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001 que declaró zona de reserva una parcela de terreno de dominio público marítimo-terrestre de 87.450 metros cuadrados en Vuelta Ostrera para ser ocupada por la EDAR.

El Alto Tribunal consideró que dicho acuerdo incumplió la Ley de Costas, en cuanto que ésta establecía que únicamente se podría permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.