La finalidad de dichas concentraciones consiste en recordar públicamente al Gobierno de España que el servicio de taxi que se presta en todo el estado español es un "servicio público", con una regulación jurídica y fiscal específica y "muy restrictiva", además de tarifas reguladas por las distintas administraciones, que hacen que se dote de transparencia y seguridad jurídica a los usuarios de dicho servicio.

Asimismo, su objetivo es manifestar que el servicio del taxi "necesita" del apoyo de la Administración para que los nuevos operadores privados de plataformas tecnológicas y logísticas cumplan con la legislación vigente y no se les permita entrar en el mismo mercado con unas condiciones que supongan una competencia desleal hacia el sector del taxi, lo que podría conllevar su "desaparición".

Abutaxi también ha criticado las autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor (VTCs), que compiten en condiciones "muy favorables" debido a su "libertad" de precios, pues no tienen una regulación "tan restrictiva" como el servicio del taxi ni la obligación de prestar el servicio.

La hipotética desaparición de este servicio, según Abutaxi, dejaría la movilidad urbana en manos privadas de multinacionales que impondrán sus condiciones meramente económicas, con una "enorme" precarización social y laboral y sin ningún tipo de competencia, puesto que habrían "destruido" un sector mayoritariamente de autónomos como es el del taxi.

Por todo ello, han solicitado tanto al Gobierno como a los grupos

parlamentarios, que "defiendan" el sector público del taxi, pues "solo supone ingresos" ante las presiones de las multinacionales.

Del mismo modo, han pedido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado controlen de forma "estricta" el servicio de VTCs para que estos cumplan la legalidad vigente, y a su vez, se tomen las medidas oportunas para posibilitar unas condiciones de competencia "justa" entre ambos sectores.