Fernández ha participado en una mesa redonda con responsables autonómicos en la que ha planteado la necesidad de que la norma incluya fórmulas de financiación para la adaptación al cambio climático y no sólo para la mitigación. Varias comunidades, entre ellas Asturias, consideran que "se podrían usar como posibles fuentes, por ejemplo, los fondos procedentes de subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero o el fondo español de carbono", apuntan desde el Gobierno del Principado en nota de prensa.

La titular de Medio Ambiente se ha mostrado partidaria de arbitrar una política nacional implicada en la lucha y la adaptación al cambio climático, que involucre a todos los niveles administrativos. También ha subrayado la importancia de la coordinación entre instituciones y entre los departamentos de clima con otros que desarrollan políticas sectoriales. En ese sentido,*ha recordado que algunos informes internacionales reflejan que el 80% de las acciones necesarias para afrontar el cambio climático debe hacerse a nivel autonómico y local.

Por esta razón, la consejera ha reclamado que la ley incluya también "mecanismos de cooperación para el estímulo de aquellos territorios cuyos gobiernos, regionales o locales, muestren una actitud más proactiva y se comprometan a promover medidas de impulso a la creación de organizaciones sociales defensoras de la acción por el clima, foros específicos de participación social y coordinación institucional, partenariados público-privados, y diseño de planes de adaptación con herramientas y objetivos cuantificables".

Asimismo, ha destacado el interés demostrado por el Principado para incorporar "el mejor conocimiento científico y técnico a este proceso, como queda de manifiesto en la colaboración entablada con el ministerio para llevar a cabo un proyecto piloto sobre el cambio climático en la costa que ha permitido elaborar modelos de vulnerabilidad y propuestas concretas para el litoral".

"Estos documentos han servido de base para un instrumento de ordenación territorial propio, denominado Estrategia Integrada de Gestión Portuaria Litoral, y sustentarán, además, el plan de adaptación de los espacios del dominio público marítimo-terrestre adscritos a la comunidad", dicen desde el Ejecutivo.

Fernández ha defendido la creación, al amparo de la nueva ley, de una plataforma u observatorio de adaptación al cambio climático, en el participen el Estado, las Comunidades Autónomas y Universidades, y que incluya datos climáticos globales y regionales "para generar información, compartir conocimiento y poner en valor buenas prácticas y experiencias de éxito en materia de adaptación".

La consejera también se ha referido a la necesidad de contemplar en la ley mecanismos de control periódico, como garantía de transparencia, poniendo en conocimiento de la sociedad de manera sistematizada los avances en materia de adaptación y dando cuenta asimismo a las Cortes Generales, "para que puedan evaluar las políticas llevadas a cabo".