"Los mas de 162.773 firmantes que secundan este escrito pedimos la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, basada en el establecimiento de una bonificación del 99% en la base imponible de las herencias procedentes de parientes en línea recta ascendente y descendente, en la colateral hasta el quinto grado, así como entre cónyuges o parejas de hecho o more uxorio", señalan en el escrito que entregarán en la Cámara baja.

Así, solicitan al Congreso de los Diputados, y a todos los grupos en él representados, "que acaben con la intolerable discriminación que supone para los ciudadanos de Asturias el tener que pagar por heredar impuestos 100 o incluso 1.000 veces más elevados que los ciudadanos de otras comunidades, lo que supone un evidente agravio comparativo y una flagrante vulneración del principio de igualdad ante la ley de todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución Española".

"El impuesto, a todas luces injusto y contrario al principio de igualdad en la carga tributaria, viola los derechos de los herederos y burla la voluntad de los que fallecen y desean transmitir a sus herederos los bienes fruto de toda una vida de esfuerzo y trabajo ahorrador, a lo que hay que añadir otras injusticias complementarias, como la elevada tasación que se practica sobre los bienes heredados, muchas veces absurdamente superiores a los valores de mercado, y los plazos perentorios de pago. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones divide a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda, y viola los principios constitucionales de seguridad jurídica (artículo 9.3) y de capacidad económica a la hora de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (artículo 31), así como el Derecho Fundamental a la propiedad privada y a la herencia (artículo 33.1)", dicen.

Para el colectivo, "este impuesto confiscatorio al no tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente, y por ello miles de ciudadanos se han visto obligados a renunciar a su herencia en los últimos años, habiendo alcanzado ya cifras realmente dramáticas. La obligación de los contribuyentes de liquidar este impuesto en el plazo de 6 meses por los bienes heredados, con un valor que les asigna automáticamente la propia Administración en el caso de los inmuebles y que en muchas ocasiones nada tiene que ver con su valor real provoca que, ante la falta de liquidez para hacer frente al impuesto, miles de familias se hayan visto obligadas a endeudarse durante años o, en última instancia, a renunciar al patrimonio de sus familiares, cuando no a malvender el patrimonio heredado, que constituye el recurso económico colectivo de la familia del fallecido".

Además, consideran que "el impuesto provoca la deslocalización de empresas y el éxodo de miles de ciudadanos, que tras toda una vida de esfuerzo y sacrificios ven en peligro el patrimonio logrado y huyen del infierno fiscal en que se han convertido nuestra comunidad hacia otras con una fiscalidad más favorable y justa en materia de sucesiones y donaciones. Este impuesto desincentiva el ahorro y la inversión gravando el patrimonio que pueda llegar a los herederos después de que el mismo ya haya soportado todo tipo de cargas impositivas a lo largo de la vida del causante. Este impuesto provoca un agravio comparativo entre españoles en tanto que la misma herencia puede significar una enorme ayuda económica o directamente la ruina para los herederos dependiendo simplemente de algo tan arbitrario como la comunidad donde resida el causante".

En este sentido, reivindican "que se elimine esta injusticia fiscal que conculca el derecho a la igualdad de todos los españoles con independencia de su lugar de nacimiento, residencia o fallecimiento. Que el futuro de nuestras comunidades pase por defender el derecho al ahorro, la inversión y a la libre disposición de la herencia. Que se derriben los muros fiscales dentro de España, que están impidiendo el crecimiento y la creación de empleo en nuestras regiones, cada vez más rezagadas en todos los índices respecto al resto de comunidades".