Este interventor ha sido el siguiente de los investigados en declarar por el llamado caso de las audioguías que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Granada para determinar si se produjeron irregularidades en la adjudicación de este servicio, una causa en la que también está investigada la que fuera directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, que dimitió del cargo debido a este asunto.

La declaración del interventor delegado de la Alhambra apenas ha durado más de veinte minutos y se ha basado en esencia en explicar cuáles son las funciones que desempeña en su cargo y por las que, básicamente, "su participación ha sido mínima" en el asunto que se investiga, según ha detallado a Europa Press su abogado, Rafael López Guarnido.

"El interventor delegado establece en virtud de sus funciones una serie de criterios y requisitos para contabilizar gastos y realizar pagos (...), pero él no controla los términos exactos de la relación de dónde viene esa necesidad de pago, ni participa en si hay ampliaciones del contrato o en sus términos", ha relatado López Guarnido, que precisa que su cliente no está físicamente en el conjunto monumental porque de hecho trabaja para otras muchas entidades de la Junta.

Por todo ello, el interventor ha defendido ante el juez que no tiene conocimiento de los trámites de gestión del Patronato de la Alhambra con la entidad que prestaba el servicio de audioguías y mantuvo en este asunto un papel "mínimo" y "secundario".

Él ha sido el siguiente en declarar por esta causa después de que el miércoles lo hiciera la exdirectora de la Alhambra, la cual afirmó haber actuado "conforme a los informes técnicos" y "con soporte legal", garantizando que los intereses públicos del Patronato al que ella representaba "han estado salvaguardados".

En contraposición, cuestionó la "imparcialidad" de la auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía ha realizado en el conjunto monumental a raíz de este caso, afirmando que se trata de un "informe político" que fue solicitado por el PP en sede parlamentaria y aportado por la Junta a pesar de que el Juzgado de Instrucción 4 no lo solicitó.

La previsión es que esta ronda de declaraciones continúe a finales de este mes y concluya ya en junio con el responsable de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías para el monumento más visitado de España.