El PP valenciano solicita el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte frente al "chantaje" que supone el 'decreto plurilingüe' aprobado por el Ejecutivo valenciano para el curso que viene, que implica que los centros que opten por utilizar el valenciano en la práctica totalidad de las asignaturas se les "premia" con más horas de inglés y con la posibilidad de expedir certificados a sus alumnos.

También requiere el respaldo del Ejecutivo por el cierre de unidades (aulas) concertadas, 30 de ellas anunciadas la semana pasada para primero de Bachillerato el curso que viene, que se suman a las 11 de Primaria del curso anterior, "sin ningún criterio y sin atender a la demanda", ha denunciado la presidenta del PP en esta comunidad autónoma, Isabel Bonig, en un encuentro en Madrid con medios de comunicación. "600 familias se van a quedar sin poder llevar a sus hijos a un colegio concertado", ha alertado.

Este jueves 18 de mayo Bonig va a reunirse con el ministro Íñigo Méndez de Vigo con el objetivo de trasladarle la situación de "desamparo" de "miles" de familias valencianas y solicitarle que actúe la Alta Inspección educativa frente a estas decisiones del Gobierno valenciano.

En materia lingüística, la presidenta 'popular' valenciana ha señalado que el objetivo del Consell es hacer "lo mismo" que en Cataluña con la inmersión lingüística, pero a través de un decreto que en principio no obliga, pero que los centros se ven abocados a optar por el 'nivel avanzado' con más carga de valenciano para poder impartir más inglés y dar certificados.

"Si quieres que tu hijo tenga el nivel más alto de inglés y pueda certificarlo, tienes que coger la línea en valenciano; si coges la línea en castellano, donde también se da valenciano, tu hijo tendrá menos horas de inglés, de peor calidad y el centro no está habilitado para certificar la capacidad lingüística de tu hijo", ha puesto como ejemplo Bonig.

Por ello, ha señalado que un 80% de los centros han optado por el 'nivel avanzado', excepto en la provincia de Alicante, que es castellanoparlante en el sur. Confía, no obstante, en que haya familias que se acojan, como en Cataluña, a la disposición 38ª de la LOMCE para exigir el castellano como lengua vehicular, aunque la Conselleria de Educación valenciana de Vicent Marzà "no facilita datos" al respecto.

En cuanto a los conciertos, ha señalado que se está "ahogando" a la red concertada por considerarla el Ejecutivo valenciano "subsidiaria" de la pública, y no complementaria, con el cierre de aulas en Primaria, el pasado curso, y en primero de Bachillerato, el que viene. "Se está produciendo el efecto sándwich: Taponan a la concertada por arriba y por abajo", ha alertado.

Bonig señala que estas decisiones "vulneran" el artículo 27 de la Constitución que garantiza el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y que su partido las ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que, en el caso de los conciertos, ha admitido a trámite.

También ha advertido de que las 615 escuelas infantiles privadas de esta comunidad, que dan trabajo a 5.000 trabajadores, el Consell valenciano también "las está ahogando" con la apertura de aulas de dos años en centros públicos "que no reúnen los requisitos ni el profesorado está especializado".