Así lo ha afirmado después de que la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya dictado este martes cuatro autos de medidas cautelarísimas solicitadas por los centros educativos Sagrada Familia, La Anunciata, Cristo Rey y Teresianos del Pilar contra la orden de la Consejería de Educación, de fecha 12 de mayo, por la que se suprimen aulas de primero de infantil en varios colegios concertados.

En declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de inaugurar la exposición '16 personajes que maravillan... y Miguel de Cervantes', en el Museo de Zaragoza, la consejera ha manifestado que el Ejecutivo autonómico aplicará y cumplirá con los autos y sentencias judiciales, al mismo tiempo que "ejercerá su derecho de defensa y de recurso".

Ha recordado que este miércoles se publican las listas definitivas y "más del 95 por ciento de los alumnos aragoneses tienen colegio en primera opción" y solo 500 niños se han quedado fuera, por lo que ha sostenido que el proceso de escolarización se ha desarrollado de forma "normalizada e incluso mejor", dado que "estamos aplicando la ratio más baja, una mínima histórica en el aula y es un elemento de calidad".

Pérez ha defendido que el Departamento está garantizando la escolarización "en condiciones de calidad" y ha advertido de que todos los alumnos de la zona sur de Zaragoza tienen plaza en ella, "algo que llevamos dos años consecutivos haciéndolo".

Ha añadido que fuera de Zaragoza, "el cien por cien de las familias que tienen siete puntos, la proximidad a un kilómetro, tienen plaza en su colegio", datos "importantes", aunque "tenemos que abordar ese cinco por ciento para llegar a cumplir con ese cien por cien" de alumnos que acceden a la plaza que marcaron como primera opción".

"NORMALIZADO"

La consejera de Educación ha incidido en que los datos sobre el proceso de escolarización son "muy razonables" y demuestran que "ha sido un proceso normalizado", pero "otra cosa es la renovación de conciertos, que es un proceso administrativo que se ha cruzado en el tiempo en este momento" ya que tiene lugar cuatro o seis años en Primaria.

Tras señalar que durante todo el curso se garantiza el derecho de los niños a la educación, Pérez ha comentado que lo "lógico" a la hora de suspender conciertos era que "cuando se pidiera la escolarización, como pidieron los juzgados, viendo la demanda se tomara la decisión y eso hemos intentado hacer causando el menor trastorno a las familias".

"Hemos sido honestos, hemos hablado mirando a los ojos ante los responsables de la concertada diciendo lo que queríamos hacer en esa planificación, teniendo en cuenta el descenso demográfico y que es una renovación a cuatro y seis años, que no es un proceso puntual, ni una foto fija de años".

Ha añadido que "es un proceso administrativo que obliga la normativa" y ha reiterado que en todo momento "hemos intentado evitar trastornos e incertidumbres a las familias", si bien "los centros concertados que no lo han entendido, nos han obligado a hacer otra cosa y no tengo nada más que decir", ha concluido.