La Guardia Civil ha detenido a 14 personas y ha descubierto un fraude de alcance nacional cometido por una empresa cárnica de Burgos que comercializaba productos de baja calidad en lugar de la carne de vacuno que decían contener según el etiquetado.

La operación Catering se inició en diciembre de 2015 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una empresa cárnica de Burgos que estaba cometiendo un posible fraude consistente en la venta de elaborados cárnicos con una composición diferente a la reflejada en el etiquetado.

Iniciada la investigación se comprobó que en esta planta de transformación cárnica se elaboraban hamburguesas y otros productos en los que, a pesar de reflejar en su etiqueta una determinada proporción de vacuno, los análisis reflejaban que, en un porcentaje elevado, realmente contenía porcino e, incluso, otros componentes alimenticios como complementos panarios, grasas o soja.

Los agentes constataron que al menos desde 2002 los diferentes elaborados en la planta, comercializados generalmente como ultracongelados, podían llegar a contener menos del 25 por ciento de carne vacuna.

La naturaleza de dichos elaborados (hamburguesa, albóndigas, etcétera) impedía descubrir el engaño, algo que sólo era posible mediante un análisis en un laboratorio especializado.

El alcance de la comercialización parece situarse en cotas muy elevadas, ya que la empresa fabricaba productos de marca blanca que distribuían en el mercado nacional.

Para hacer las comprobaciones los agentes recorrieron multitud de establecimientos tomando muestras aleatorias de forma encubierta y llevaron a cabo inspecciones en algunos puntos.

Los resultados analíticos realizados en laboratorios de la Administración Central del Estado pusieron en evidencia la realidad de la fabricación. Las importantes diferencias entre los precios correspondientes a la carne de vacuno y al resto de materias con las que se suplía la carne original proporcionaba importantes beneficios económicos a la empresa burgalesa.

A lo largo de la investigación, además de las inspecciones y actividades operativas, se mantuvieron contactos con las autoridades autonómicas y se analizaron más de 3.000 documentos obtenidos en la primera fase de la investigación.

En la operación han participado agentes pertenecientes a la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) del Seprona de la Guardia Civil. Los detenidos junto con las diligencias desarrolladas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de los de Burgos.

Eurofrits, la empresa cárnica burgalesa implicada en la operación Catering, ha negado la comisión de tal fraude alimentario y ha defendido su etiquetado "riguroso, correcto y transparente".

La compañía subraya que es "completamente falso" que, a día de hoy, se haya detenido ni puesto a disposición judicial a persona alguna de su firma. "Todos los etiquetados de todos nuestros productos se ajustan de forma rigurosa a la normativa vigente, y son totalmente correctos y transparentes", ha señalado en un comunicado en el que ha apuntado que "siempre se han declarado todos los ingredientes adicionales" que contienen sus productos, como alérgenos.

Tal y como defiende, todos los productos están certificados por entidades independientes y, en el caso concreto de los productos cárnicos, la empresa certificadora es Silliker.

En cuanto a la denominda operación Catering, Eurofrits aclara que actualmente existe un procedimiento judicial abierto con el que colabora "de forma totalmente transparente" y en el que ha facilitado "toda la documentación requerida".

El origen de este proceso judicial, explica, se corresponde con la denuncia de un exempleado que fue despedido "de forma procedente" por una estafa "reconocida por él mismo" en sede judicial y contra el que "hay interpuestas varias querellas criminales". "No existe ninguna sentencia judicial que determine la existencia de ningún delito de fraude y estafa contra los derechos de los consumidores en el que esté involucrada la empresa Eurofrits", insiste el comunicado, si bien reconoce un "defecto en el etiquetado" de algunos de sus productos que está "totalmente subsanado desde diciembre de 2015".

Por último, ha asegurado que "en ningún caso ha existido riesgo para la salud pública" y ha negado "cualquier fraude económico" puesto que "el precio de venta siempre ha estado adecuado a lo que contenía el producto".