A través de un comunicado, JeC ha exigido al Consistorio que actúe de inmediato apartando a la empresa de la prestación de un servicio que viene realizado sin contrato desde hace cinco año. El portavoz de JeC, Manuel Montejo, ha manifestado que de lo contrario "el equipo de gobierno será cómplice de las afecciones que supongan para la ciudad las actuaciones de FCC, denunciada de forma reiterada desde hace más de diez años por incumplimiento de sus obligaciones legales".

Jaén en Común ha recordado que no hay un solo organismo con competencias en materia de protección ambiental que no haya denunciado o abierto expediente sancionador a FCC por la nefasta gestión del vertedero de residuos.

Así, constan denuncias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Delegación Territorial de Medio Ambiente e incluso el Defensor del Pueblo, que ponen de manifiesto "la grave y sistemática contaminación tanto del terreno como de las aguas superficiales y subterráneas que ha ocasionado y sigue ocasionando esta instalación, en la que la empresa se niega a ejecutar las medidas necesarias para corregir o al menos minimizar dichas afecciones".

Para JeC, el escrito de la Fiscalía recogido en la edición de este viernes del 'Diario Jaén', constata que "estamos ante una empresa en la que no se puede confiar, que ha cometido tantas faltas profesionales graves que la hacen no apta para ser adjudicataria de un contrato público"

Ha añadido que el Ayuntamiento es "responsable de las consecuencias que para Jaén tiene y tendrá el mantener cualquier tipo de relación con una multinacional" que, en palabras de Montejo "está en nuestra ciudad para llevarse todos los beneficios posibles del Ayuntamiento y los vecinos y dejarnos, a cambio, un reguero de contaminación, suciedad y precariedad laboral".

Para Montejo, es "una vergüenza que este Ayuntamiento no sea capaz de obligar a una concesionaria a cumplir ni sus obligaciones contractuales, ni la legislación medioambiental más básica ni incluso el requerimiento de devolver el dinero que han recibido en concepto de financiación de unos vehículos ya amortizados".

En esta línea, ha señalado que "un Ayuntamiento fuerte y autónomo le enseñaría a FCC la puerta de salida y comenzaría a solicitar en los tribunales el pago de todos los daños causados y del dinero que no le corresponda".