La portavoz de Foro, Cristina Coto, sostiene que es necesario disponer de dicho informe y trabajar con "transparencia" para poder "fundamentar bien las reivindicaciones" del Principado en la negociación del nuevo modelo de financiación. Reclama, así, una evaluación sobre los costes que supone la prestación de la sanidad, la educación y los servicios sociales que también exigen Podemos y Partido Popular.

Desde Ciudadanos, el diputado Armando Fernández Bartolomé ha calificado la propuesta de "algo naif" por considerarla "poco operativa", al tiempo que ha reivindicado el acceso de todos los ciudadanos a los servicios "en igualdad con independencia del territorio", lamentando la "asimetría fiscal" que suponen el cupo vasco y navarro.

Especialmente crítico con la proposición ha sido el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha dicho que Foro está entre "la ingenuidad y el cinismo" al pedir al Principado un informe que no ha hecho ninguna otra comunidad, mientras acepta el acuerdo presupuestario entre el Gobierno central y el PNV que supone "una discriminación para Asturias y otras comunidades, y un privilegio para el País Vasco".

Fernando Lastra (PSOE) ha defendido que un informe de esas características debería ser elaborado por un organismo independiente que analice y evalúe la cartera de servicios y su coste real en todos los territorios teniendo en cuenta criterios de población equivalente, envejecimiento o dispersión, entre otros parámetros. "¿Qué sentido tiene que haya 15 valoraciones, una por comunidad?", se ha preguntado en referencia a la necesidad de que las comunidades del régimen común lleguen a acuerdos en lugar de entrar en competencia.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, en la misma sesión plenaria en la que que todos los grupos de la oposición han aprobado la reprobación de la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, por la "ineficiencia" de su gestión frente a la contaminación, los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Foro han rechazado una proposición no de ley de Ciudadanos que instaba al Gobierno asturiano a garantizar que las empresas sujetas a autorización ambiental integrada sigan obligadas a instalar cabinas de medición de la contaminación del aire, cuya gestión y mantenimiento se controle por el Gobierno del Principado y se financie por las empresas.

Para los socialistas la proposición de Ciudadanos incluía acusaciones "muy graves y sin fundamento", mientras que PP y Foro se mostraron contrarios a que se tratase de criminalizar a las empresas. "Tiene un tufo pseodocomunista", dijo Luis Venta (PP) a modo de crítica.

Sí ha contado con el respaldo mayoritario de la Cámara, con 30 votos a favor y 14 en contra, una proposición no de Ley de IU para instar al Gobierno del Principado a defender, en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, y en coordinación con el Ayuntamiento, que se adopten medidas en El Musel para dar solución a las nubes de carbón y la proliferación de partículas sedimentables en la zona oeste de la ciudad.