El Gobierno quiere reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y, entre las novedades previstas para adaptar la normativa europea, quiere elevar las sanciones previstas, garantizar el anonimato de las denuncias y reducir de 15.000 a 10.000 euros los pagos en efectivo.

Así se explica en un documento que el Ministerio de Economía ha sacado a consulta pública hasta el 10 de junio y que pretende adaptar la ley española a la directiva europea de mayo de 2015.

Aunque la legislación española ya recoge la mayor parte de lo previsto en la norma comunitaria, es preciso adaptar ciertos artículos, en particular lo relativo a la potestad sancionadora.

El Gobierno quiere actualizar al alza el régimen de sanciones, "compatibilizándolo son los límites máximos previstos en la directiva europea", para lo cual quiere mejorar la detección de infracciones y potenciar los mecanismos de denuncia, garantizando su confidencialidad.

No es que se vaya a producir una "modificación fundamental" en el régimen de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sino una mejora del sistema punitivo que actúe de modo disuasorio.

Respecto a los pagos en efectivo, que pasarían de 15.000 a 10.000 euros, el documento justifica la rebaja para dar cobertura a los pagos realizados por no residentes, cuyo límite máximo actual es de 15.000 euros.

Además de endurecer las sanciones y bajar el umbral de los pagos en efectivo, el documento contempla modificar el concepto de grupo empresarial, de cara a alinearlo con lo dispuesto en Europa, y crear un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad.

También quiere revisar el concepto de país tercero equivalente en materia de prevención, un concepto que "casi desaparece de la nueva normativa europea y deberá ser objeto de una redefinición en la norma española", e incorporar la aplicación obligatoria de medidas de diligencia reforzada en relación con los países de la lista elaborada por la UE.

Una vez concluido el periodo de consulta pública, el documento pasará a audiencia pública, previsiblemente en septiembre, para llegar por fin al Consejo de Ministros.