El senador Carles Mulet, de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA), solicitó por escrito información con respecto a cuántos lobos han muerto por la acción humana en España, comunidad por comunidad. Pero el Gobierno ha confesado no disponer de dicha información al respecto.

En esa misma respuesta el Gobierno declara que las Administraciones autonómicas son las autoridades competentes en la gestión del lobo, y "no tienen obligación de remitir esos datos a la Administración General del Estado".

Mulet denunciaba, en el texto remitido, la "macabra imagen de un lobo colgado de unas de las barras de señalización, en la subida al Puerto de San Lorenzo" (Asturias).

"La respuesta confirma el abandono del Gobierno de la perspectiva medioambiental de esta problemática", denuncia la APDDA. "Dado que éste sí parece disponer de datos pormenorizados sobre el lobo ibérico, desde el punto de vista de los afectados por los ataques a la ganadería". Puesto que en 2012 se realizó una campaña para cuantificar los daños causados por dichos ataques que, hasta 2014, se saldó con 261.565 euros.

Acusan por tanto de "contradictorio" al Ministerio de Medio Ambiente por asegurar que el lobo es una especie cuya conservación es prioritoria pero no poseer estos datos que, según afirma la asociación, "nos darían una perspectiva sobre la necesidad de proteger la especie".

Luis Miguel Domínguez, presidente del colectivo Lobo Marley, afirma que "es un capítulo más del libro de despropósitos del gobierno español con respecto a una de las figuras más importantes de la fauna ibérica, que es el lobo. El Gobierno se lava las manos e incumple lo que le dicen desde Bruselas, donde le exigen que proteja al animal".

"El asunto del lobo y la desfachatez con que se está tratando le va a estallar en las manos al Gobierno de España", ha declarado Domínguez.

Este asociación convocó una manifestación en Madrid el mes de marzo como protesta y exigiendo una mayor protección del animal.