En concreto, proponen que desde la Diputación de Málaga se realice una campaña para recopilar información en la provincia sobre los posibles impactos del 'brexit' en la economía local; identificar potenciales colectivos sociales que se puedan verse afectados e identificar aquellos programas de carácter europeo con implantación o impacto en los municipios menores de 20.000 habitantes a los que el 'brexit' pueda afectar.

De igual modo, instan al Gobierno central a buscar mecanismos tanto en el marco de la UE, como en las relaciones bilaterales con el Reino Unido, para que vean reconocidos los derechos de los residentes españoles en Reino Unido y de las personas de nacionalidad británica en España así como de aquellos trabajadores transfronterizos.

En la moción, IU Para la Gente recuerda que la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea por parte de Reino Unido el pasado 29 de marzo pone formalmente en marcha el proceso de su salida de la Unión Europea.

Así, inciden en que más allá de otras consideraciones y valoraciones, "creemos que el resultado del referéndum era una manifestación de un malestar creciente respecto al proceso de integración europea, una percepción muy extendida de que el proyecto europeo es un modelo por y para las élites, antidemocrático y donde los perdedores habituales de las decisiones más importantes son los trabajadores, además de sectores populares".

Además, han recordado que se abre un proceso negociador que debe dar como resultado, en el plazo máximo de dos años, la salida del Reino Unido de la Unión, insistiendo que "un buen proceso negociador es imprescindible para construir después un buen acuerdo de cooperación", que, entre otros, tenga en cuenta, en primera instancia a los trabajadores europeos incluidos los británicos y sus derechos, vivan donde vivan.

Para IU, "no es posible abordar esta negociación pensando en la cuenta de resultados, presente o futura, de las grandes multinacionales o en los beneficios disponibles en el proceso de reorganización industrial y financiera que pueda producirse", por lo que "los gobiernos estatales, regionales y locales deben estar atentos a lo que pueda suceder".

"La búsqueda de simples ventajas tácticas y también la negación de los posibles efectos, constituirán nuevos errores cuyas consecuencias recaerán sobre trabajadores y sectores populares", han advertido.

Así, han afirmado que los equipos negociadores europeos y británicos deben tener en cuenta a los trabajadores transfronterizos y a los más de 150.000 españoles registrados que viven y trabajan en el Reino Unido, además de los que, ante el riesgo de perder sus derechos en el Estado español, no están oficialmente registradas, o a los miles de investigadores o estudiantes de ambos lados del canal que utilizan diferentes programas de intercambio y que se aprovechan de las oportunidades de colaboración y debate para enriquecer el acervo común; o los miles de trabajadores que usan la libertad de circulación para mejorar sus oportunidades, su calidad de vida o, simplemente para encontrar trabajo.

También desde IU Para la Gente han mostrado su preocupación por los vecinos de nacionalidad británica que han establecido su lugar de residencia en la provincia y han considerado "que de la misma manera que nos preocupamos por los derechos de nuestros emigrados en Reino Unido, desde los ayuntamientos, también nos debemos preocupar por quienes comparten la vida de nuestro municipio".

Por último, han señalado que la condición de éxito de este proceso "requiere de la mayor transparencia, publicidad y un papel claro de seguimiento y trabajo de prospectiva" por parte de las instituciones en el marco de sus competencias "y de la defensa de los intereses de sus vecinos".