Según ha podido confirmar Europa Press, y como ha adelantado El Diario Montañés, la demanda civil fue presentada ayer, jueves -dentro del plazo legal de 40 días desde el Congreso para hacerlo- ante el Decanato de Santander y se está a la espera de que sea derivada a un juzgado.

La demanda ha sido presentada a través del abogado astuariano Manuel Estrada, quien consiguió anular en los tribunales el congreso del PP de Gijón celebrado el 18 de octubre de 2014, en el que obtuvo la mayoría de los votos David González Medima, lo que supuso la celebración de un congreso extraordinario, que también recurrió ante la Justicia.

De hecho, ese congreso extraordinario del PP de Gijón, celebrado el 7 de febrero de 2015, y en el que fue elegido como presidente Mariano Marín, fuen anulado por el juzgado de primera instancia número 11 de Gijón, después de que los críticos recurriesen a los tribunales.

Sin embargo, la sentencia fue recurrida y fue revocada por la Audiencia Provincial de Asturias.

La presentación de esta demanda judicial es un paso más dado por los afines a Diego, que el pasado 7 de abril dieron a concer un escrito en el que alcaldes y líderes del PP de cerca de 70 municipios de Cantabria solicitaron a la Dirección nacional del partido la apertura inmediata de una investigación sobre los hechos producidos antes y durante el Congreso Regional de marzo, y que suspenda cautelarmente a la actual Dirección del Partido Popular en Cantabria, encabezada por María José Sáenz de Buruaga.

Además, éstos acordaron no reconocer la legitimidad de la actual Dirección del Partido Popular en Cantabria "en tanto en cuanto los procesos de investigación interna, así como las demandas judiciales a que hubiere lugar, no lleguen a término".

Días después, el día 11, representantes de este grupo, encabezados por su portavoz, Joaquín Solanas, que fue director general de Cultura cuando Diego fue presidente de Cantabria, acudieron en autobús a la sede nacional del PP, en la calle 'Génova' de Madrid, en el que exigían la apertura de una investigación por las "irregularidades y pedía la suspensión cautelar de la actual Dirección regional y el nombramiento de una gestora hasta que termine la investigación.

Por su parte, desde 'Génova' se anunció que dicho escrito se estudiaría por parte de la Comsiión de Derechos y Garantías del partido, aunque se señaló que María José Sáenz de Buruaga era la "presidenta del PP de Cantabria a todos los efectos" porque "da por bueno" el resultado del Congreso regional.

Además, estas mismas fuentes de la Dirección Nacional subrayaron que el propio Diego, presidente del PP cántabro durante los últimos trece años, "aceptó los resultados" que daban la victoria por cuatro votos a Sáenz de Buruaga en las declaraciones que realizó a los medios de comunicación tras el Congreso.

Varias semanas después de presentarse el escrito en 'Génova', afines a Diego han dado un paso más y han decidido presentar esta demanda judicial, un paso que, según ha explicado Solanas a Europa Press, era "lo previsible".

"Se esperaba una respuesta de Génova que no ha habido y tampoco de Santander a una situación de irregularidad. Con lo cual, se podía pasar a una posible acción judicial", ha dicho.

Solanas ha señalado que ahora "toca esperar" a la resolución judicial y a que el PP de Cantabria o el PP nacional "haga algo".