La Generalitat prevé comprar 350 viviendas para uso social con la recaudación del ejercicio 2016 del impuesto a pisos vacíos, que ha sido de 18,5 millones de euros, ha anunciado este jueves la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs.

En rueda de prensa, ha comparado la recaudación del segundo año de aplicación de este tributo con la de 2015, que fue de 11,28 millones, y ha atribuido el incremento a que el primer ejercicio se aplicaba sobre 72 municipios con demanda acreditada, mientras que en 2016 se ampliaron a 234 municipios, que es donde se realizarán las compras.

"Querríamos llegar a 500 vivendas --este año--, pero para eso debemos buscar nuevas fórmulas para poder adquirir más viviendas en el futuro y destinarlas a alquiler social", ha indicado.

El impuesto a pisos vacíos, que deben pagar anualmente las empresas que tienen viviendas sin ocupar desde hace más de dos años --básicamente entidades financieras y fondos de inversión--, ha sido abonado en 2016 por 464 personas jurídicas por 12.460 viviendas, equivalentes a más de un millón de metros cuadrados.

La Generalitat utilizará estos fondos para adquirir viviendas procedentes de procesos de ejecución hipotecaria o dación en pago a través del derecho de tanteo y retracto, procedimiento a través del cual el Govern ha comprado ya 601 pisos por un importe de 32,95 millones: 184 en 2015, 276 en 2016 y 141 en lo que va de 2017.

Borràs ha defendido que con esta vía cumplen un doble objetivo: aumentar el parque público de vivienda social y evitar que estos pisos los compren fondos de inversión internacionales para "especular con una vivienda procedente de situaciones duras vividas por familias".

El derecho de tanteo y retracto también lo pueden ejercer ayuntamientos --que se han hecho con 234 viviendas desde que se puso en marcha este sistema en 2015-- y entidades del tercer sector --23 pisos--.

Borràs ha incidido en que el impuesto no tiene una finalidad recaudatoria, sino que busca reducir el número de pisos vacíos, como demuestra que han logrado acuerdos con grandes tenedores para 4.402 alquileres sociales en 2015 y 6.128 en 2016: "Tiene un papel incentivador".

Ha agregado que, sumando los acuerdos con entidades financieras para ceder viviendas para uso social, la Generalitat ya gestiona más de 27.000 pisos para uso social, un 14% más que en 2012, pero lejos todavía de la media europea, que es su objetivo, y que prevén perseguir con el plan territorial sectorial de vivienda para los próximos 15 años, que están ultimando.

Según el registro de pisos vacíos de la Generalitat, que contabiliza los inmuebles vacíos u okupados procedentes de ejecuciones hipotecarias, actualmente hay 44.300 repartidos por toda Catalunya.

La consellera también ha lamentado: "Si fuese por el Gobierno del Estado no estaríamos haciendo esta rueda de prensa porque no habríamos podido recaudar. Tenemos un Estado que va contra los ciudadanos de este país, no hace prácticamente nada en vivienda y recurre todas las leyes que impulsa el Parlament".

Ha recordado que la ley del impuesto a pisos vacíos no está suspendida actualmente porque el Tribunal Constitucional levantó el año pasado la suspensión solicitada por el Gobierno central: "Estos 18,5 millones estarían en manos de los grandes propietarios y tendríamos menos vivienda pública".