La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres ha presentado este miércoles un escrito ante la Fiscalía General del Estado para pedir la suspensión de una feria que promociona la gestación subrogada en Madrid por considerar que supone "una vulneración de la legalidad vigente".

Integrada por casi medio centenar de organizaciones de mujeres y LGTB, como el Partido Feminista y No Somos Vasijas, la Red ha reclamado al Ministerio Fiscal que actúe de oficio para prohibir el evento, cuya celebración está prevista los próximos 6 y 7 de mayo en un hotel de la capital, y perseguir "la actividad ilícita de las empresas participantes".

En el escrito, las entidades indican que la feria cuenta con veinticuatro empresas expositoras que se dedican a la promoción e intermediación en contratos de gestación subrogada.

Argumentan que la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida de 2006 establece que "será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un contratante o un tercero".

Subrayan que el Código Penal castiga, con penas de uno a cinco años de prisión la entrega a otra persona de un hijo descendiente o cualquier menor, aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, mediando compensación económica.

Con la misma pena se castiga a la persona que lo reciba y al intermediario, aunque la entrega del menor se haya efectuado en un país extranjero.

Aseguran que las empresas instaladas en la feria tienen como objetivo tareas de intermediación, "buscan madres gestantes" e, incluso muestran catálogos sobre las mujeres, en las que las se las clasifica por raza y edad, entre otros parámetros, para que los futuros receptores del menor puedan elegir entre ellas.

Las organizaciones firmantes exigen la suspensión cautelar de la feria de la que se pueden derivar unos contratos de una actividad que es ilícita en España y que es perseguible criminalmente cuando se da una compensación económica.

La presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón, ha subrayado que "no se puede permitir el comercio de la fabricación de niños" por una cuestión de dignidad y de respeto a las mujeres como seres humanos.

En 2016, el Partido Feminista presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia y otra solicitud al Ayuntamiento de Madrid para que no se permitiera la celebración de la feria, pero no hubo ninguna respuesta de ninguna de las dos instituciones.

En su página web oficial, los promotores de la feria 'Surrofair' indican que han denunciado a las personas que "han amenazado y coaccionado" para evitar que se realice este evento.