Los hechos fueron descubiertos el 6 de junio de 2015, fecha en la que se realizó una inspección en materia de empleo y Seguridad Social efectuada por la Inspección de Trabajo junto con miembros de la Brigada de Extranjería de la Policía Judicial de Gijón.

Las mujeres, asimismo, estaban todas en situación regular en España. Según la acusación pública, los hechos relatados con constitutivos de un delito contra los derechos de artículo 311-2º c del Código Penal.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita para el procesado una multa de ocho meses con cuota diaria de ocho euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, así como el abono de las costas del juicio.