Las misivas, a las que ha tenido acceso Europa Press, han sido remitidas al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a los que el consejero considera "necesario" trasladar la posición de la Junta sobre este asunto, en virtud de las competencias que ostenta la comunidad autónoma en materia judicial reconocidas en el Estatuto de Autonomía y la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

El consejero recuerda que el citado Estatuto de Autonomía "determina con claridad" que Granada es la sede del TSJA, sin perjuicio de que algunas Salas puedan situarse en otras ciudades de la comunidad, y que resulta "necesario contar con la participación de la comunidad autónoma en todo cuanto afecte a la demarcación judicial de su territorio".

En segundo lugar expone que la constitución por parte del CGPJ de órganos judiciales fuera de su sede requieren del informe favorable de la Administración competente cuando comporten un incremento de gasto, como a su entender ocurriría con el desplazamiento de las secciones penales del TSJA fuera de Granada, por lo que advierte del necesario "parecer favorable" del Gobierno andaluz para acometer esta medida.

Así, y aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé una serie de presupuestos para acordar el desplazamiento de la sede de un órgano judicial, entiende el consejero que no se dan en este caso, por lo que a su juicio no existe "ningún presupuesto o razón objetiva que fundamente" este desplazamiento de las secciones penales de nueva creación.

Por todo ello, el consejero ha trasladado al ministro de Justicia y al presidente del CGPJ la "voluntad" de la Junta de Andalucía de que esta medida no se produzca por no concurrir "circunstancias objetivas que lo fundamenten" y manifiesta su voluntad de reunirse personalmente con ambos para abordar este asunto con más detalle.