Un juez de Valencia ha abierto procedimiento abreviado por un presunto delito de calumnias a los empresarios Antonio Vicente Moreno Carpio y José Herrero García contra los que se querelló el ex presidente de la Generalitat y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, tras difundirse la grabación de unas conversaciones entre ambos empresarios y los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such, en las que se le vinculaba con el cobro de comisiones ilegales en la construcción del parque temático Terra Mítica, en Benidorm.
Así lo indicaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), quienes concretaron que el procedimiento se ha abierto por un presunto delito de calumnias pero sin publicidad, al no apreciar esta intención el magistrado.
Zaplana presentó el 17 de mayo de 2006 una querella por un presunto delito de calumnias con publicidad o, alternativamente, un supuesto delito de injurias graves con publicidad contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, y los empresarios valencianos, que figuran como imputados en la causa que investiga otro juzgado contra Terra Mítica y una veintena de empresas más por un presunto fraude a la Hacienda Pública por valor de 4,4 millones de euros. Esta querella se fue archivada.
Un día antes, la página web de la Cadena Ser había publicado el contenido de una denuncia presentada ante la Fiscalía del TSJCV por Such y Camarasa en la que informaban de que habían grabado las manifestaciones de los dos empresarios, que les indicaron que durante la ejecución de las obras del parque de Benidorm se habían manipulado facturas por más de 2.000 millones de pesetas para elevar el precio de los trabajos, y se habían pagado comisiones a quien proporcionaba los contratos.
El contenido de esta querella fue ampliado el día 23 de mayo haciendo referencia a la entrevista publicada por el diario El Mundo con el querellante Moreno Carpio, en la que afirmaba que el diputado y también querellado José Camarasa le ofreció 1,8 millones de euros, contratos con ayuntamientos gobernados por su partido y ayuda ante la Fiscalía y la Agencia Tributaria a cambio de inculpar a Zaplana en el cobro de millonarias comisiones por las obras del parque.
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