Piden dos años de prisión para dos empresarios por interferir en unas elecciones sindicales

  • La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años de prisión para cada uno de los dos empresarios de El Entrego acusados de interferir en unas elecciones sindicales y tratar de evitar la presentación de una candidatura. La vista oral se celebrará este viernes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Langreo, a las 10.30 horas.

Los acusados, AAA y BBB, son los propietarios de la empresa encargada de la explotación del Burger King ubicado en el centro comercial Valle del Nalón en El Entrego. El día 7 de mayo de 2015 se presentó un preaviso del elecciones sindicales en el restaurante para elegir un representante de los trabajadores, iniciándose el plazo para la presentación de candidaturas, y presentándose así la candidatura de XXX, y el ultimo día del plazo, el día 10 de junio de 2015, la candidatura de YYY.

Los acusados, al tener conocimiento de la candidatura de YYY, con la finalidad de interferir en las elecciones y de evitar la presentación de esta candidatura, y con conocimiento de la necesidad de ésta de mantener su puesto de trabajo, pidieron a ZZZ, jefa del personal del centro de trabajo, que comunicara a las trabajadoras que la dirección de la empresa no deseaba que YYY saliera elegida, y que en caso contrario considerarían que se estaba echando un pulso a la empresa y que si salía elegida habría represalias, también contra las trabajadoras que la hubieran votado.

ZZZ transmitió lo indicado por sus jefes telefónicamente a YYY, así como a toda la plantilla del centro, en una reunión el día antes de las elecciones, el 11 de junio de 2015.

Tras la celebración de las elecciones, el 12 de junio, en las que salió elegida YYY, los acusados procedieron a despedir o a no renovar a los trabajadores con contrato temporal que la habían votado. Así, en el mes de septiembre de 2015 despidieron a tres de ellos.

Dos de los despidos fueron declarados nulos por sentencia del Juzgado de lo Social de Mieres de fecha 30 de noviembre de 2015, y

el tercero llegó a un acuerdo económico con la empresa.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito

contra los derechos de los trabajadores y/o, subsidiariamente, de un delito de coacciones y solicita que se condene a cada uno de los acusados a la pena de 2 años de

prisión.

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