El PP quiere que Diputación inste a la Junta a suspender el Decreto de Educación Infantil

  • El Grupo Popular de la Diputación de Córdoba presenta en el Pleno que se celebra este miércoles una proposición para que la Junta de Andalucía suspenda la aplicación del Decreto Ley recién aprobado por el que se regulan los centros que imparten el primer Ciclo de Educación Intantil, "ya que es muy perjudicial, tanto para estos centros, como para las familias".

En este sentido y en un comunicado, el portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, ha indicado que "en el debate que se produjo el pasado 30 de marzo en el Parlamento de Andalucía sobre la situación de la educación infantil de cero a tres años en Andalucía quedó patente la precariedad de este servicio y la incertidumbre que impera, tanto para las familias andaluzas, como para los trabajadores que desempeñan su tarea en estos centros de Educación Infantil".

Lorite ha opinado que "la política llevada a cabo por la Junta de Andalucía desde 2009 consistente en aumentar el número de plazas ofertadas sin aumentar en la misma proporción el presupuesto disponible para financiarlas", y ello "ha supuesto una merma en la calidad de la oferta educativa".

El portavoz popular ha criticado también "la falta de comunicación de la Junta de Andalucía con la comunidad educativa implicada, ya que ha supuesto en la práctica una paralización drástica de lo que debería ser una modernización continua de un servicio básico para el futuro de nuestra sociedad".

Andrés Lorite ha incidido en que se ha aprobado el Decreto "de forma precipitada, sin diálogo y sin consensos básicos" y el mismo "supone un recorte en toda regla que van a sufrir las familias y los trabajadores de estas escuelas infantiles", ya que, "plantear el aumento de 12.500 nuevas plazas sin plantear el mismo tiempo un aumento en el presupuesto disponible es recortar la financiación del sistema", cuando resulta que "el número de plazas que se pretende ofertar requiere un aumento presupuestario de al menos el 12 por ciento, pero la realidad es que solo se ha incrementado un 3,7 por ciento".

Los populares, además de que la Junta suspenda la aplicación de este Decreto ley, quieren que la Diputación solicite a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía "el incremento de las dotaciones presupuestarias de la Educación Infantil de Primer Ciclo, a fin de mejorar la financiación de este programa y la calidad del servicio educativo".

El portavoz popular ha señalado que, a través de la moción, también buscan instar a la Junta de Andalucía "a que se cumplan con los pagos en tiempo y forma, acabando con los sistemáticos retrasos e impagos que han sufrido durante los últimos años, y que recupere el diálogo con el sector de la Educación Infantil de cero a tres años en Andalucía que permita abordar futuras reformas desde la participación y el consenso".

El PP también presentará otra moción mediante la cual se quiere instar a la Junta a llevar a cabo "las modificaciones oportunas en la Orden de 2 de junio de 2016, a fin de establecer una forma y secuencia de pago de subvenciones a corporaciones locales para incentivar la realización de los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, de manera que, una vez dictada la resolución de concesión de la ayuda, se transfiera a dichas entidades locales promotoras de los proyectos hasta el 75 por ciento del coste incentivado, en concepto de anticipo".

También quiere el PP que se articule "en la propia resolución de concesión de la ayuda la secuencia de justificación de dicha cantidad y, una vez alcanzada la ejecución del 50 por ciento del proyecto y justificada mediante la aportación de la documentación acreditativa de dicho extremo, se libere el pago del 25 por ciento restante".

El portavoz popular ha criticado que "las corporaciones locales no han podido durante un lustro recibir subvenciones para la formación de sus desempleados, ni para los programas mixtos de empleo y formación, y ello pese a que la Junta de Andalucía ha recibido anualmente las transferencias finalistas del Ministerio de Empleo, a las que se ha renunciado al dejarlas sin ejecución y con el consiguiente perjuicio que ello supone para la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas y el agravio comparativo para éstas y para los municipios andaluces, con respecto a otros territorios".

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