La organización sindical presentó una denuncia en la que recriminaba a los responsables del servicio "la tardía atención prestada", debido a que el parque de dicho distrito estaba cerrado temporalmente y hubo que movilizar a personal de otro, lo que a juicio del denunciante "contribuyó a incrementar las consecuencias dañosas del incendio".

El ministerio público requirió un informe a la Policía Judicial, en el que se informa de que el incendio fue atendido por una dotación de bomberos y una ambulancia, apuntando que de las comprobaciones efectuadas "no se ha constatado la existencia de elementos objetivos que indiquen una inadecuada atención al incendio" y que la respuesta al aviso "fue correcta".

A la vista de esto, el fiscal indica en su escrito que "no se evidencia la existencia de indicios suficientes de criminalidad en la gestión del siniestro, al no constar que la deficiente organización del servicio denunciada haya supuesto la creación de un riesgo penalmente punible para la vida o la salud de las personas", además de que "no se ha constatado un resultado lesivo por dicho motivo".

En este sentido, la acusación pública explica en dicho documento de archivo que para aplicar el derecho penal en este caso es necesario "la constatación de un riesgo efectivo y real para la vida o la salud de las personas o la causación de una lesión o daño en las mismas", así como que ambas situaciones sean imputables a la acción u omisión de alguna persona.

Pero, se apunta que "no corresponde al derecho penal resolver las posibles deficiencias organizativas que se manifiesten en el desempeño de una actividad y que puedan venir determinadas por una deficiente asignación de los recursos disponibles o por su insuficiencia", sin que se constate la existencia de ese peligro o daño efectivo.