Los hechos ocurrieron cuando el denunciante, que estaba ingresado en un centro penitenciario, comenzó a recibir reclamaciones de diversas empresas por impagos por un importe superior a los 13.000 euros.
Concretamente, por dos contratos realizados con una compañía eléctrica, otras dos de telefonía, una de ellas confirmando el alta en una línea de establecimiento comercial por la compra de enseres para el hogar, de una entidad bancaria y de una financiera.
Los agentes reunieron los suficientes indicios para atribuir los hechos a la detenida, que poseía el DNI de su expareja y sus datos bancarios, tras lo que se estableció un dispositivo que permitió su detención y posterior puesta a disposición judicial.
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