que padecemos en el Centro Penitenciario de Logroño".

Todo ello, se traduce principalmente en los siguientes problemas: "una falta de una oferta de empleo público extraordinaria para cubrir las necesidades de la Institución y que solucione la terrible falta de personal existente en las prisiones, ante las vacante que hay en estos momentos y las

jubilaciones que se están produciendo, lo que está suponiendo unas cargas de trabajo y un recorte de derechos de los funcionario".

La "inexistencia de concursos de traslados anual", y de

convocatoria de la totalidad de las plazas vacantes, por lo que "no se permite el acercamiento de los funcionarios a sus residencias, ni una

verdadera carrera profesional".

El "absoluto desprecio total mostrado por nuestros dirigentes hacia el colectivo de los trabajadores penitenciarios, y el agravio comparativo que se nos establece con otros cuerpos dentro del mismo

Ministerio de Interior".

La "pérdida" de poder adquisitivo durante todos estos años que ha soportado los trabajadores penitenciarios, "cuando ahora el Gobierno presume de la mejora de la economía donde los trabajadores penitenciarios volvemos a ser marginados".

Las "continuas agresiones" que este colectivo está sufriendo es su trabajo diario que el Ministerio reconoce, "pero no considera a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad ante estas situaciones".

Las "presiones" de la dirección hacia los trabajadores, junto al recorte de los derechos de los funcionarios.