En concreto, instan a todas las administraciones públicas, y en particular al Gobierno central, a que se incremente el gasto social de forma suficiente para atender todas las necesidades sociales actuales y que ninguna persona se quede desatendida, en especial para reducir la pobreza y la desigualdad en España.

Asimismo, piden al Gobierno central y a los grupos parlamentarios, a que se dote un presupuesto suficiente y se incrementen las partidas de gasto en materia de servicios sociales y atención a la dependencia, en particular la dotación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, destinada a financiar los servicios sociales más básicos de las entidades locales.

Por otro lado, también instan al equipo de gobierno a dar cumplimiento a los acuerdos plenarios adoptados para combatir la pobreza en la ciudad y, en particular, los referidos a la realización de un plan para reducir la pobreza infantil en Málaga.

La concejala de Málaga para la Gente Remedios Ramos ha recordado que en 2016 el gasto público total en servicios sociales en el estado español, incluyendo la atención a la dependencia, ascendió a 16.700 millones de euros.

Además, Ramos ha manifestado que los datos "ponen en evidencia que la aportación de la Administración general del Estado a una política esencial como es la de servicios sociales en España, es significativamente baja".

De igual modo, ha continuado, "resulta falso que se vayan a incrementar 442 millones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, como vienen publicitando el Gobierno", ya que, según ha precisado, "en términos reales el incremento será solo de 130 millones, lo que en relación al gasto global de 2016 supone un ridículo incremento del 0,8 por ciento".

Ha añadido que "el incremento publicitado por el Gobierno y Ciudadanos se distribuye en dos bloques: 342 millones para un plan contra la pobreza infantil, y 100 millones más para la dependencia", precisando que "la realidad de las cifras" es que "solo 30 de los 342 millones de euros de la partida contra la pobreza infantil, son un incremento real sobre los presupuestos del año anterior".

Además, ha asegurado que 102 millones provienen del programa Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil, dinero proviene de la Unión Europea; 140 millones corresponden al programa de reasentamiento y reubicación de refugiados; y 100 millones corresponden a un incremento de 30 millones en la partida de 'Prestaciones básicas de servicios sociales' que, en 2016, estuvo dotada con 70 millones. "Estos 30 millones constituyen así, el único incremento efectivo en los anunciados 342 millones para combatir la pobreza infantil", ha añadido Ramos.

Al respecto, ha asegurado que si se tiene en cuenta que los servicios sociales municipales han atendido, según datos oficiales, a unos ocho millones y medio de personas, "el incremento de esta partida supone sólo 3,50 euros más por persona y año en la aportación de la Administración General del Estado para atender a las personas más desfavorecidas".

Por otro lado, ha criticado que incrementar en 100 millones la partida para la atención a la dependencia, "no va a suponer un incremento efectivo de las cuantías que recibirán las comunidades autónomas para atender a las personas en situación de dependencia".

"Atender a todas las personas dependientes con derecho significaría un incremento de gasto público de unos 3.000 millones más al año, la mistad de los cuales debería aportar la Administración General del Estado si el modelo de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fuera justo", ha agregado.

En suma, según Málaga para la Gente, el proyecto de presupuestos generales del estado para 2017 "abandona de nuevo a 341.301 dependientes en lista de espera", y "90 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho".

Por ello, Ramos ha considerado que los PGE "denotan un Estado sin una política de servicios sociales sólida y coherente, que atiende a cuestiones puntuales con parches y sin integralidad". "La presión de los servicios sociales se encuentra en los niveles locales y autonómicos y es deber del Estado su correcta financiación", ha sostenido.

Por otro lado, ha criticado que "la pobreza y desigualdad se ha instalado en la sociedad española, afectando a miles de personas y de familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella".

Al tiempo, ha añadido que "el desmantelamiento de las políticas sociales por parte de la administración es una realidad en el país. España dedica menos recursos a la protección social que la media de los países de la UE" y "aunque los recortes en el gasto social, Sanidad, Educación y Servicios Sociales, han tocado fondo en 2013, todavía no se ha recuperado los niveles de inversión en esta materia que existía antes de la crisis".

Por último, Ramos ha recordado que tras propuesta de Málaga para la Gente se aprobaron por parte del pleno varias mociones para combatir la pobreza, y en particular la pobreza infantil "sin que se hayan adoptados medidas para dar cumplimiento a los acuerdos de dichas mociones ni dotado de presupuesto suficiente a estos planes".