Así lo ha indicado en una nota el delegado territorial de Fomento, Joaquín Jiménez, quien ha apuntado que este proyecto de ley "reforzará las medidas para luchar contra los desahucios y ampliará la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en la provincia", donde el pasado año se realizaron 782 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, lo que supuso un siete por ciento más con respecto al año anterior.

Jiménez ha señalado que "esta realidad la conoce bien la Consejería, ya que a través del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral, en funcionamiento desde 2014, se trata de ofrecer apoyo a estas personas ofreciendo información, intermediando ante entidades financieras y juzgados o adoptando medidas de protección para garantizar una solución habitacional".

En ese sentido, ha apuntado que en los últimos tres años esta oficina provincial ha atendido a más de 1.000 familias almerienses, de las que 200 se han acogido a la fase de protección. "Como principal novedad, la norma permite a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria y dación en pago, garantizando así la permanencia de las familias en las mismas mediante un alquiler social", ha añadido.

Además, la medida supondrá un incremento del parque público residencial de la Junta, que se destinará fundamentalmente a atender a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y con mayores dificultades para acceder a una vivienda.

El proyecto establece que la Administración ejercerá el tanteo y retracto en función de la situación socioeconómica de las familias, aplicándose a los colectivos de especial protección y atendiendo a una tipología de inmuebles que deberá responder a las características exigidas para las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Una vez ejercido el derecho de compra preferente, los afectados tendrán prioridad de alquiler sobre el inmueble que ha sido su domicilio habitual.

El tanteo y el retracto se realizarán en los procesos de dación en pago, mientras que para los procedimientos de ejecución hipotecaria se reserva solo el retracto, lo que implica intervenir al final del proceso una vez comunicado el desalojo y concluida la subasta judicial de la vivienda y su adjudicación.

El proyecto de ley fija como precio de la vivienda el valor del crédito a extinguir, en el caso de las daciones en pago, y la cantidad estipulada como valor de transmisión por el instructor judicial mediante resolución. Además de este importe, la Junta abonará los costes asociados a la operación.

Por otro lado, Joaquín Jiménez también se ha referido a la otra gran novedad que incluye la futura norma y que hace alusión al refuerzo de la protección de los adjudicatarios de VPO mediante la ampliación de los supuestos sancionadores. "Con estas medidas se amplían las garantías y derechos de los ciudadanos en el acceso a una vivienda protegida", ha puntualizado.