La comisión de Presidencia de Barcelona ha aprobado este miércoles una propuesta del grupo Demòcrata para aplazar la entrada en vigor del fichero de datos sensibles de la Guardia Urbana hasta que se disponga de una resolución de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. La propuesta exige que, "en todo caso, se aseguren las garantías de que se respetan los derechos de protección de datos".

Esta resolución ha prosperado después de que el grupo municipal haya transaccionado la propuesta con el Gobierno de Ada Colau, apostando por aplazar su aplicación en lugar de detenerla -como proponía inicialmente-, mientras que se han rechazado sendas proposiciones de Cs y el PP, la primera para retirar el fichero, y la segunda para anular la resolución que lo crea.

El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, ha asegurado que, siguiendo el procedimiento establecido, el fichero no iba a entrar en vigor hasta llevarlo a la Agencia Catalana de Protección de Datos, y ha insistido en que las unidades de investigación de cuerpos policiales tienen ficheros de este tipo.

La propuesta del fichero recogería datos sensibles sobre agentes de la Guardia Urbana como la religión, la orientación sexual, la filiación sindical y el origen racial para realizar investigaciones y en ningún caso de forma generalizada, y representaría un refuerzo de las garantías. Según Recasens: "Estos datos están ultraprotegidos".

La socialista Carmen Andrés ha defendido que es imprescindible cumplir con el mandamiento legal de proteger los datos de carácter personal de los trabajadores de las administraciones públicas, algo que cumple el fichero, que "responde a la voluntad de proteger datos especialmente sensibles" que ya se recogían anteriormente en investigaciones.

El portavoz demócrata, Joaquim Forn, ha señalado que su grupo municipal podría estar de acuerdo con la necesidad de crear este fichero, pero que debe estar sometido a la legislación y debe garantizar "al máximo la seguridad jurídica de las personas del fichero y de los datos que se estarán gestionando".

El portavoz republicano, Jordi Coronas, ha señalado que el fichero generó muchas dudas en su grupo municipal -como quién podrá usarlo y de qué forma-, y ha avisado de que se trata de datos muy sensibles, por lo que "una mala praxis puede dar lugar a una vulneración de derechos fundamentales".

El concejal de la CUP Josep Garganté ha criticado que retirar el fichero pretende "perpetrar espacios de impunidad" y ha pedido a los grupos defender los Derechos Humanos en todos los casos y no sólo si afectan a miembros de la Urbana, mientras que el concejal no adscrito Gerard Ardanuy ha sostenido que el fichero vulnera los derechos de los agentes.

Paco Sierra (Cs) ha acusado al Gobierno de Colau de pretender crear una policía política y ha tachado de vergonzoso el fichero, tras lo que ha expresado su sorpresa por que el grupo Demòcrata haya acordado con el Gobierno municipal aplazar la aplicación en lugar de detenerla: "Les están haciendo el tocomocho. No va sólo de transparencia, sino que lo que hace el Gobierno con la Urbana es un menosprecio constante".

La popular Àngels Esteller ha coincidido en aseverar que el Gobierno municipal quiere crear una policía política, porque Colau pone "bajo sospecha a los que no piensan como ella", por lo que no sólo quiere tener fichados a los delincuentes, sino también a los miembros de la Urbana, según ella.