"Nunca hasta ahora en nuestro ámbito autonómico se había cuestionado tanto y por tantos su normal funcionamiento, hasta el punto de que una parte importante de la ciudadanía considerara menoscabado su derecho". La afirmación está recogida en el informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz correspondiente a 2016 y hace referencia a la sanidad pública andaluza.

El defensor, Jesús Maeztu, asegura que el pasado año se registró un "aumento significativo del número de quejas" en relación a esta materia, lo que "evidencia un incremento de la preocupación de los ciudadanos por la cuestión sanitaria" y la "sensación de pérdida de calidad en la atención".

Una percepción que ha llevado al Ejecutivo andaluz de Susana Díaz a vivir una de las mayores crisis sanitarias que se recuerda en la comunidad, con movilizaciones masivas en diferentes provincias (Granada, Huelva, Málaga, Sevilla...) en contra del proyecto de fusión hospitalaria, medida que la Junta se vio obligada a rectificar y que conllevó el cese de varios altos cargos de la Consejería de Salud.

Aún hoy continúan esas manifestaciones, como la que se va a celebrar el próximo domingo en Huelva por una "sanidad digna", concentración convocada con el apoyo del máximo instigador de estas protestas, el doctor Jesús Candel, Spiriman, y la marea blanca granadina.

El número de quejas sobre la sanidad pública de la comunidad ascendió el año pasado a 561, cifra que solo representa un 5,5% del total de las quejas tramitadas por la institución (10.128), pero que a la vez suponen un 19,1% más que en 2015. Tuvieron una "relevancia significativa" las relativas a la demora en la asistencia, sobre todo en las especialidades y en la recogida de pruebas.

Asimismo, Maeztu asegura que su oficina ha constatado el "incumplimiento de los tiempos máximos" establecidos por ley por la propia Administración, quejas que han supuesto el 25% de las 561.

En total, el Defensor del Pueblo Andaluz atendió el año pasado a 22.492 personas y realizó 21.446 actividades: 10.128 quejas (15,1% más que en 2015), 10.811 consultas (15,7% más) y 507 actividades relacionadas con la promoción de derechos. Las políticas sociales coparon el 59% de las actuaciones y, dentro de este bloque, los servicios sociales (29%), la vivienda (25%) y el empleo (22%) se convirtieron en las materias más problemáticas.

En lo que se refiere a las quejas sobre la educación, el Defensor confirma la tendencia a la baja en cuanto al proceso de escolarización, mientras que han aumentado las relativas al servicio de comedor, a los recursos para atender a niños con algún tipo de discapacidad y las que tienen que ver con el amianto en los centros.

El informe señala también que el número de viviendas protegidas es "insuficiente" para toda la población que vive en una situación precaria. E incide igualmente en la "mala orientación" de las políticas de empleo.

Como conclusión, Maeztu asegura en su informe que "estamos ante la era con más desigualdad de la historia", ya que la económica ha pasado a ser social y se ha incrementado la "brecha" por culpa de la crisis. "El tsunami puede que haya pasado, pero ahora toca recompensar los daños".