El tribunal del caso Gürtel llama a declarar a Rajoy como testigo en el juicio

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) ha aceptado citar a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que certifique si existió una caja B en el Partido Popular durante su etapa de secretario general y como director en varias campañas electorales que se investigan en esta causa. La solicitud ha prosperado —a la tercera—, a petición de la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).

La decisión se ha adoptado a pesar de la posición contraria tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, el abogado del PP y varios letrados de la defensa. La decisión ha sido adoptada por la mayoría del tribunal, por dos de los tres magistrados. "Por mayoría la Sala decide que es una prueba admisible, por mayoría se acepta y se le tomará declaración en el día que se marque según el calendario previsto", ha anunciado el presidente del tribunal, Ángel Hurtado.

De este modo, Rajoy se suma a los cerca de 300 testigos que han sido llamados a declarar en el juicio entre ellos exdirigentes del PP como Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, también lo harán miembros de la actual ejecutiva como Javier Arenas y el jueves será el turno de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Antes de conocer la decisión del tribunal, que se ha hecho esperar más de lo previsto en un primer momento y han sido necesarios para ello dos recesos ante la división de los tres magistrados, Hurtado ha pedido a las partes opinión sobre la petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), a la que también se ha sumado el PSOE de Valencia.

En contra de la fiscal, el abogado del Estado y el PP

Al inicio de la sesión con la que se ha reanudado la vista por este caso, la fiscal Concepción Nicolás se ha mostrado contraria a la petición de testifical de Rajoy por considerarla "inútil e innecesaria" ya que "nada ha cambiado" respecto al pasado mes de octubre, cuando se rechazó la testifical del presidente del Gobierno al inicio del juicio.

La fiscal ha argumentado también que la citación de Rajoy a estas alturas del juicio sería "redundante" porque los hechos que la acusación particular pretende que se confirmen con el testimonio del presidente del Gobierno, como es la existencia de una caja B en el PP que podría haber beneficiado a alguno de los acusados ya ha sido suficientemente acreditada por otras pruebas o documentos

El abogado del Estado ha señalado por su parte que esta declaración es "inútil y redundante" y no han cambiado las circunstancias, no han aparecido nuevos elementos que sustentaran la petición de ADADE. A la negativa del representante de los servicios jurídicos del Estado se han unido varios abogados de las defensas de los enjuiciados en esta pieza de Gürtel y el abogado del PP, que ha destacado la "improcedencia" de la diligencia, que consideran que sería "perturbadora" y contribuiría al "circo mediático".

La Sala se había mostrado contraria a esta pretensión al inicio del juicio el pasado mes de octubre con los mismos argumentos que utilizó en una primera ocasión, en febrero de 2016.

Sin precedentes

En España no se conocen precedentes en los que un presidente del Gobierno en ejercicio haya declarado ante un tribunal, ya que Felipe González lo hizo por escrito en 1991 durante la instrucción del caso por el secuestro de Segundo Marey, mientras que en 1998 declaró de forma presencial por este asunto ante el Tribunal Supremo, pero entonces ya había dejado el cargo.

Como testigo, Rajoy estará obligado en todo caso a responder a las preguntas de todas las partes y además a decir verdad bajo apercibimiento de incurrir en delito de falso testimonio si así no lo hiciera. Esta figura procesal no goza de las prerrogativas de los investigados, que pueden elegir qué preguntas contestan y seguir una estrategia de defensa que les permite mentir.

Obligado a declarar

Según recoge la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está obligado a declarar y debe hacerlo "concurriendo ante el Tribunal", aunque abre una vía para que pueda hacerlo por videoconferencia.

Es lo que ocurrió en 2014 con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, al que la Audiencia Nacional permitió prestar testimonio por videoconferencia en su despacho oficial, pese al criterio de la Fiscalía, en el juicio por el asedio al Parlament.

La Lecrim, en su artículo 702, solo determina una excepción para "el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del reino", quienes pueden declarar por escrito.

A diferencia de en la fase de instrucción, donde se indica que el presidente del Gobierno y los miembros de su Ejecutivo, entre otros cargos, deben declarar desde su despacho o su domicilio y pueden hacerlo por escrito, el artículo 702 de la Lecrim señala que, una vez abierto juicio oral, "están obligados a declarar" y "lo harán concurriendo ante el Tribunal".

Sin embargo, añade (en el art.703) que la citación como testigo del presidente del Gobierno —y del resto de cargos que pueden declarar por escrito en la fase de instrucción— "se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo".

El artículo 703 indica asimismo que si Rajoy hubiera "tenido conocimiento por razón de su cargo de los hechos de que se trate", podría consignarlo por medio de informe escrito. Sin embargo, los supuestos delitos cometidos por la trama Gürtel que se juzgan en este caso habrían tenido lugar antes de que Rajoy fuera elegido presidente del Gobierno.

Además, el artículo 731 bis de la Lecrim abre una vía para que la declaración de Rajoy se realice por videoconferencia. En concreto, plantea que el tribunal, "de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar".

La petición de Adade

Adade pidió que testificara Rajoy en base a que fue secretario general del partido y entre 1990 y 2003, años en los que se centra este juicio por la trama Gürtel, "vicesecretario general del Partido Popular responsable de asuntos electorales".

El principal argumento de Adade para pedir llamar a Rajoy es que el presidente del Gobierno ha sido "figura clave en los llamados organismos centrales" del PP que han sido"destinatarios de comisiones ilegales" como han declarado algunos de los 37 acusados en este macrojuicio y cita entre ellos al exmarido de Ana Mato, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.

Este mismo tribunal ya rechazó en febrero de 2016 la petición de Adade de que Rajoy compareciera en el juicio al entender entonces que no había razón suficiente para que prestara declaración, pero "sin perjuicio de que en otro momento" se pudiera acordar "necesario a la vista del desarrollo del juicio oral", lo que finalmente ha sucedido.

El pasado octubre, al inicio del juicio, Adade lo volvió a pedir y el tribunal lo rechazó de nuevo, alegando que la vista aún no había empezado y que, por tanto, las circunstancias eran "iguales" que cuando en febrero se rechazó.

El presidente del tribunal consideró además que, dado que uno de los testigos, Javier Arenas, ostentó también este cargo, podría dar respuesta a las preguntas de la acusación popular a este respecto.

Pasados ocho meses desde que comenzara el juicio, Adade ha conseguido finalmente que el tribunal atienda su petición de llamar a declarar a Rajoy, "miembro hiper-relevante" del partido.

El Gobierno respeta la decisión

El Gobierno ha expresado su respeto a esta decisión del tribunal de la Audiencia Nacional y ha mostrado su disposición a colaborar con la Justicia. Fuentes del Ejecutivo han recalcado que nunca comentan las decisiones judiciales y que siempre las respetan.

De la misma forma, el Gobierno asegura que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la Justicia "como no puede ser de otra manera" y seguirá manteniendo esa misma actitud.

Por su parte, el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, ha considerado "normal y obvio" que Rajoy tenga que declarar como testigo en el juicio a la primera época de Gürtel, porque, además de haber sido secretario general del PP, ha dirigido varias campañas electorales. Para el dirigente socialista, Rajoy debe comparecer porque así lo han hecho todos los exdirigentes del PP que han sido secretario generales del partido.

"No olvidemos que la financiación ilegal del PP, que la caja B del PP, es una asignatura pendiente de la democracia española y el señor Rajoy tendrá que dar explicaciones en los tribunales y también en el Congreso de los Diputados", ha dicho.

Saura ha diferenciado la vertiente judicial de la política y, sobre esta última, ha recalcado que aún no se han asumido responsabilidades y ha insistido en que Rajoy "dé cuenta ante la soberanía popular de esa financiación ilegal". "Eso está pendiente y el PSOE lo va a reclamar por tierra, mar y aire", ha asegurado.

La portavoz de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha advertido de que si Mariano Rajoy resultara imputado por el caso Gürtel pedirán su dimisión en cumplimiento del pacto de investidura de agosto. No le ha extrañado, según ha dicho, que Rajoy haya sido citado a declarar "con la de casos de corrupción que tiene el PP" y entiende que, como presidente que es del partido, haya sido citado para "aclarar" estos hechos.

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