Tras recordar que la aportación del Gobierno de la nación a este programa se mantiene congelada desde el año 2011 en un total de 3,9 millones de euros, la secretaria de Acción Sindical de UGT FICA CyL, Sandra Vega ha augurado más destrucción de empleo en Castilla y León si no se consigue complementar una partida que contó en su día con 1,7 millones de euros adicionales por parte de la Junta.

Según sus datos, el Plan de Empleo Agrario benefició el pasado año a un total de 861 personas en las cuatro zonas de aplicación de este programa, Arenas de San Pedro y Arévalo, en Ávila; Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca; Medina del Campo, en Valladolid, y Toro, en Zamora, cuando en su día llegaron a alcanzar los 1.000 empleos.

De confirmarse la incertidumbre de 2017, Vega ha advertido de las consecuencias para el empleo en Castilla y León que se podría traducir en menos beneficiarios, menor jornada laboral o menos días de contratación lo que dificultaría, a su vez, acceder a los correspondientes subsidios.

"La partida no cuadra", ha insistido la sindicalista, que ha explicado a modo de ejemplo que este año han subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y algunas tablas salariales por lo que ve imposible contratar al mismo número de personas y en las mismas condiciones con el mismo presupuesto de 2016.

En el mismo sentido se ha pronunciado Mariano Sanz Lubeiro, de CCOO, quien, tras recordar que la Junta destinará a través de los acuerdos del Diálogo Social 400.000 euros para completar la jornada de este programa -la mayor parte es para la provincia de Ávila donde se habían detectado más contratos a tiempo parcial-, ha insistido en la necesidad de recuperar e implementar los fondos para un programa "absolutamente fundamental" en el medio rural.

En concreto, los sindicatos reclaman 30 millones de euros más respecto a los 210 millones de euros consignados a nivel estatal además de una revisión de la normativa de un plan de empleo que data del año 1997 para adaptarlo a la realidad actual. "Veinte años después ha cambiado mucho el perfil de los trabajadores", han constatado los sindicalistas, quien ha considerado posible negociar también una rebaja respecto a las 30 peonadas al año que se exigen para acceder al Plan de Empleo Agrario, como ha llegado a ocurrir en Andalucía o Extremadura.

Vega y Sanz Lubeiro han reclamado la convocatoria inmediata del Consejo Regional Agrario para iniciar los trámites. "Vamos muy pillados en el tiempo", han advertido los representantes de UGT y CCOO que han explicado también que los ayuntamientos tienen que presentar la correspondiente memoria de los proyectos a realizar este año, que suelen consistir en actividades auxiliares para los municipios como obras, adecuación de las canalizaciones de agua o arreglo de aceras.