La mercantil acusada se constituyó mediante escritura pública en mayo de 2007, con domicilio social en Gozón, siendo su objeto social la compra, venta y almacenamiento de todo tipo de madera, así como su transformación. El administrador de la mercantil fue desde su constitución el acusado, quien además poseía un 99% del capital social.
Según investigaciones realizadas por la Agencia Tributaria, la mercantil, en sus declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, defraudó 125.995,43 euros en el año 2011 y 141.079,65 euros en el año 2012.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública que se imponga al acusado cinco años de prisión.
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